En un momento de lucidez tras aprobar inicialmente una ley profundamente defectuosa, la Asamblea Nacional francesa ha hecho lo correcto: ha rechazado una peligrosa propuesta que habría destruido el cifrado de extremo a extremo en nombre de la lucha contra el tráfico de drogas. A pesar de la fuerte presión del Ministerio del Interior, los legisladores votaron el jueves por la noche (artículo en francés) para derogar una disposición que habría obligado a plataformas de mensajería como Signal y WhatsApp a permitir el acceso oculto a conversaciones privadas.
La votación es una victoria para los derechos digitales, la privacidad y la seguridad, y el sentido común.
La ley propuesta era una lista de deseos de vigilancia disfrazada de legislación antidrogas. Escondido en su texto estaba una resurrección del ampliamente desacreditado modelo de participante «fantasma», una puerta trasera que finge no serlo. Bajo este esquema, las fuerzas del orden podrían unirse silenciosamente a los chats encriptados, socavando la idea misma de la comunicación privada. Los expertos en seguridad han condenado este enfoque, advirtiendo que introduciría vulnerabilidades sistémicas, dañaría la confianza en las plataformas de comunicación seguras y crearía herramientas propicias para el abuso.
Los legisladores franceses que votaron en contra de esta disposición merecen reconocimiento. Escucharon, no solo a las organizaciones francesas de derechos digitales y a los tecnólogos, sino también a los principios básicos de la ciberseguridad y las libertades civiles. Entendieron que el cifrado protege a todos, no solo a activistas y disidentes, sino también a periodistas, profesionales médicos, supervivientes de abusos y ciudadanos de a pie que intentan vivir una vida privada en un mundo cada vez más vigilado.
Una señal global
El rechazo de Francia a la disposición de puerta trasera debería enviar un mensaje a las legislaturas de todo el mundo: no hay que sacrificar los derechos fundamentales en nombre de la seguridad pública. El cifrado no es el enemigo de la justicia; es una herramienta que apoya nuestros derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a mantener una conversación privada. Es un pilar de la democracia moderna y la ciberseguridad.
Mientras los gobiernos de EE. UU., Reino Unido, Australia y otros países siguen coqueteando con leyes contra el cifrado, esta decisión debería servir de modelo y de advertencia. Socavar el cifrado no hace que la sociedad sea más segura. Hace que todos seamos más vulnerables.
Esta victoria no fue inevitable. Llegó después de una presión pública sostenida, el aporte de expertos y la defensa incansable de la sociedad civil. Demuestra que la resistencia funciona. Pero en el futuro previsible, los mal orientados grupos de presión de las agencias de seguridad nacional policiales seguirán impulsando propuestas similares, tal vez reempaquetadas, o apresuradas en momentos legislativos más tranquilos.
Los defensores de la privacidad deben celebrar hoy esta victoria. Mañana, seguiremos vigilando.
