Un nuevo proyecto de ley patrocinado por el Senador Schatz (D-HI), el Senador Cotton (R-AR), el Senador Murphy (D-CT), y el Senador Britt (R-AL) combinaría algunos de los peores elementos de varios proyectos de ley de medios sociales destinados a "proteger a los niños" en una sola ley. Contiene elementos de la peligrosa Ley de Seguridad Infantil en Internet, así como varias ideas extraídas de proyectos de ley estatales que se han aprobado este año, como la Ley de Regulación de las Redes Sociales de Utah, cargada de vigilancia. Los autores de la Ley de Protección infántil en las redes sociales (S.1291) pueden tener buenas intenciones. Pero, en última instancia, esta legislación conduciría a una experiencia en línea de segunda clase para los jóvenes, a la verificación obligatoria de la edad de todos los usuarios y, con toda probabilidad, a la creación de identificaciones digitales para todos los ciudadanos y residentes de Estados Unidos.
La Ley de Protección Infántil en las Redes Sociales tiene cinco componentes principales:
- Obligar a las empresas de redes sociales a verificar la edad de todos los titulares de cuentas, incluidos los adultos.
- Prohibición total del uso de las redes sociales a los menores de 13 años
- Obligar a las empresas de redes sociales a obtener el consentimiento de los padres o tutores antes de que los menores de 12 años y los menores de 18 puedan utilizar las redes sociales.
- Prohibición de que los datos de los menores (mayores de 12 años y menores de 18) se utilicen en el algoritmo de recomendación de contenidos de una plataforma de redes sociales.
- Creación de un programa piloto de identificación digital, instituido por el Departamento de Comercio, para ciudadanos y residentes legales, con el fin de verificar las edades y las relaciones entre padres, tutores y menores.
Todos los sistemas de verificación de la edad son peligrosos, especialmente los de los gobiernos
El proyecto de ley ilegalizaría que cualquier persona menor de 13 años se uniera a una plataforma de redes sociales, y exigiría el consentimiento paterno para que cualquier persona de entre 13 y 18 años pudiera hacerlo. Así, el proyecto de ley también exige que las plataformas desarrollen sistemas para verificar la edad de todos los usuarios, así como para determinar la situación de los padres o tutores de los menores.
Los problemas inherentes a los sistemas de verificación de la edad son bien conocidos. Todos los sistemas de verificación de la edad son sistemas de verificación de la identidad y sistemas de vigilancia. Todos los sistemas de verificación de la edad afectan también a todos los usuarios porque es necesario confirmar la edad de todas las personas para mantener fuera a un grupo de edad selecto. Esto significa que todos los usuarios de las redes sociales estarían sujetos a una verificación de identidad potencialmente invasiva de la privacidad si quieren utilizar las redes sociales.
Cualquier persona de entre 13 y 18 años deberá obtener el consentimiento paterno antes de acceder a las redes sociales. Estamos en contra de este tipo de leyes.
Como hemos escrito antes, la investigación ha demostrado que ningún método de verificación de la edad es suficientemente fiable, cubre a toda la población y protege la privacidad y la seguridad de los datos. En resumen, todos los métodos actuales de verificación de la edad tienen fallos importantes. Por señalar sólo algunos de los métodos y sus problemas: los sistemas que requieren que los usuarios suban su identificación gubernamental sólo funcionan para las personas que tienen identificaciones; los sistemas que utilizan fotos o vídeos para adivinar la edad de una persona son inevitablemente inexactos para una parte de la población; y los sistemas que se basan en datos de terceros, como las agencias de crédito, tienen todos los problemas que estos datos de terceros suelen tener, como la información incorrecta. Y, por supuesto, todos los sistemas podrían vincular la identidad de un usuario al contenido que desea ver.
Un "Programa Piloto" de DNI Digital con Verificación de Edad es una pendiente resbaladiza hacia un DNI Digital Nacional
Es posible que los autores del proyecto de ley esperen eludir algunos de estos defectos de verificación de la edad mediante la creación de un sistema de identificación digital emitido por el gobierno para el uso (voluntario) por parte de todos los ciudadanos y residentes legales de EE.UU. para poder verificar su edad y las relaciones entre padres/tutores y menores en las plataformas de medios sociales (aunque este "programa piloto" probablemente no se completaría antes de que entraran en vigor los requisitos de verificación de la edad). Pero este programa corre el riesgo de caer por una pendiente resbaladiza hacia un documento de identidad digital nacional a todos los efectos.
Según el proyecto de ley, las personas tendrían que subir copias de documentos de identidad expedidos por el gobierno y otras formas de identificación, o las identidades y edades declaradas por las personas se cotejarían con los registros electrónicos de las DMV estatales, el Servicio de Impuestos Internos, la Administración de la Seguridad Social, las agencias estatales responsables de los registros vitales, "u otros registros gubernamentales o profesionales que el Secretario [de Comercio] determine que son capaces de ayudar de forma fiable en la verificación de la información de identidad".
La EFF y otras organizaciones de defensa de las libertades civiles llevan mucho tiempo criticando los sistemas de identificación digital y las políticas que nos conducirían a ellos. Aunque los sistemas privados y comerciales de verificación de la edad son especialmente preocupantes, las versiones gubernamentales basadas en el DNI digital también son peligrosas.
La preocupación por el intercambio de datos no desaparece por la intervención del gobierno
El "mission creep o ampliación desmesurada de la misión original" es un serio motivo de preocupación. La intención de este sistema de identificación puede ser únicamente autorizar el acceso a las redes sociales; el proyecto de ley establece que la credencial del programa piloto "no podrá utilizarse para establecer la elegibilidad para cualquier beneficio gubernamental o estatus legal". Pero es poco probable que la verificación de la edad y el estatus parental sea su único uso tras su creación. El Congreso podría cambiar fácilmente la ley con futuros proyectos de ley. Basta con echar un vistazo al número de la Seguridad Social: antaño, su única finalidad era permitir a los estadounidenses participar en el programa federal de jubilación. Incluso la Administración de la Seguridad Social admite que el número "ha llegado a utilizarse como un identificador casi universal". La verificación de identidad gubernamental en línea para acceder a las redes sociales ya es distópica; quién sabe dónde acabaría el sistema una vez implantado. Sin una gestión y una arquitectura muy cuidadosas y meditadas, un sistema de identificación digital podría conducir a la pérdida de privacidad, de expresión anónima y a un aumento de la vigilancia gubernamental.
DETENGAN LA LEY DE "PROTECCIÓN INFANTIL EN LAS REDES SOCIALES"
Los problemas de intercambio de datos tampoco desaparecen por el hecho de que intervenga el gobierno; de hecho, pueden ser más graves. En los sistemas de verificación de la edad por terceros, una empresa privada suele actuar como intermediario entre el gobierno y el sitio o plataforma solicitante. De hecho, el proyecto de ley contempla el uso de "proveedores privados de tecnología de verificación de identidad" como parte del programa piloto. El tercero puede recopilar la documentación de un usuario y compararla con una base de datos gubernamental, o comparar la información biométrica de un usuario con los registros gubernamentales. Esto crea la oportunidad, sin más protección a través de la regulación u otros medios, para que el tercero recoja los datos personales de un individuo y los utilice para sus propios fines comerciales, incluso vendiendo los datos o compartiéndolos con otros. Los datos también corren el riesgo de que personas y entidades desconocidas e innumerables accedan a ellos a través de una violación de datos.
Además, las prácticas actuales y pasadas de intercambio de datos gubernamentales deberían hacer que cualquier persona se sintiera recelosa a la hora de cargar su información privada también al gobierno, incluso a una agencia que teóricamente ya la tiene. Todos los sistemas de verificación de la edad son sistemas de vigilancia tanto como sistemas de verificación de la identidad. Las agencias gubernamentales que comparten datos entre sí ya son un peligro: en 2020, el FBI podría buscar o solicitar datos de las bases de datos de carnés de conducir y documentos de identidad de al menos 27 estados. El número total de DMV con reconocimiento facial en ese momento era de al menos 43, y sólo cuatro de ellos limitaban totalmente el intercambio de datos. Esto supone un riesgo de identificación errónea para dos tercios de la población de Estados Unidos.
Desde un punto de vista práctico, no está claro hasta qué punto sería eficaz o preciso un sistema de este tipo: puede parecer sencillo comparar el registro subido por una persona con uno que esté archivado, pero las personas sin DNI, las que han cambiado de nombre y cualquiera que haya sufrido alguna vez un error en la tramitación de documentos gubernamentales sabe que no es así. Por ejemplo, en 2022, Hacienda se retractó de su decisión de utilizar un sistema de verificación de identidad de terceros, ID.me, porque obligaba a las personas a utilizar un reconocimiento facial defectuoso y a esperar cuatro horas para ser verificadas.
El consentimiento paterno para menores de edad es un enfoque erróneo de la seguridad en línea
En virtud de esta ley, cualquier persona de entre 13 y 18 años deberá obtener el consentimiento paterno antes de acceder a las redes sociales. Estamos en contra de este tipo de leyes.
En primer lugar, exigir el consentimiento de los padres para que los adolescentes utilicen estas plataformas vulneraría la libertad de expresión, el acceso a la información y la autonomía de los adolescentes, que también debe incluir, en el caso de los adolescentes mayores, la privacidad frente a sus padres. El Tribunal Supremo ha reconocido en repetidas ocasiones que los jóvenes gozan de la protección de la Primera Enmienda para expresarse y acceder a la información. El Tribunal ha declarado, por ejemplo, que la expresión en general "no puede suprimirse únicamente para proteger a los jóvenes de ideas o imágenes que un órgano legislativo considera inadecuadas para ellos".
El mundo que imaginan los autores de este proyecto de ley es un mundo en el que todo el mundo tiene menos poder para expresarse y acceder a la información en línea.
Access to private spaces
El acceso a espacios privados en línea para la investigación, la comunicación y la comunidad es de vital importancia para los jóvenes. Desgraciadamente, muchos jóvenes se encuentran con la hostilidad de sus padres hacia diversos contenidos, como la información sobre salud sexual, género o identidad sexual. (Las investigaciones han demostrado que una gran mayoría de los jóvenes ha utilizado Internet para buscar información relacionada con la salud). La ley pondría en peligro ese acceso a la información de los adolescentes hasta los 18 años.
Además, es lamentable pero cierto que algunos padres no siempre tienen en cuenta el interés superior de sus hijos o son incapaces de tomar decisiones adecuadas por ellos. Esos jóvenes -algunos de los cuales tienen edad suficiente para trabajar a jornada completa, conducir un coche y solicitar plaza en la universidad completamente solos- no podrán utilizar algunos de los mayores y más populares sitios web en línea sin el consentimiento paterno. Ni que decir tiene que los más perjudicados por esta ley serán los que ven en las redes sociales un salvavidas: los que, para empezar, tienen menos recursos.
En segundo lugar, el Congreso no debe eliminar la capacidad de los padres de decidir por sí mismos a qué permiten que sus hijos accedan en línea, la gran mayoría de lo cual es expresión legal, dando por sentado que los padres no quieren que sus hijos utilicen las redes sociales sin el consentimiento paterno. Los padres deberían poder tomar esa decisión sin interferencias gubernamentales, utilizando las herramientas de filtrado ya disponibles.
Y lo que es peor, los menores de entre 13 y 18 años no sólo tendrían que obtener el consentimiento paterno, sino que esta ley prohibiría totalmente el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años, incluso si sus padres lo aprueban. Esta prohibición absoluta es una extralimitación masiva que va mucho más allá de leyes actuales como la COPPA, que prohíbe a las redes sociales y otras empresas en línea recopilar datos con fines comerciales de niños menores de 13 años sin el consentimiento paterno. Con esta ley, los niños estarían vetados incluso en plataformas de redes sociales diseñadas específicamente para niños, una vez más, tanto si los padres aprueban su uso como si no.
En tercer lugar, los mecanismos de verificación tropezarán invariablemente al tratar con una variedad de familias no tradicionales. No está claro cómo funcionarán la verificación de la edad y el consentimiento de los padres o tutores en el caso de los niños con apellidos diferentes a los de sus padres, los que están en acogida y aquellos cuyos tutores son otros parientes. Los niños que, por desgracia, no tienen un cuidador obvio que actúe como padre o madre en primer lugar, probablemente se verán forzados a abandonar por completo estos importantes espacios. Aunque no se explicita en el proyecto de ley, si una persona infringe la ley falseando su identidad -por ejemplo, si es un menor que finge ser padre o madre porque no tiene un cuidador obvio- podría ser acusada de un delito penal federal, un cargo que, por lo demás, es poco frecuente contra los niños. El resultado final de estos complejos requisitos es que un gran número de jóvenes -especialmente los más vulnerables- perderían probablemente el acceso a las plataformas de medios sociales, que pueden desempeñar un papel fundamental para que los jóvenes accedan a recursos y apoyo en una amplia variedad de circunstancias.
La Ley de Protección de Menores en las Redes Sociales es una mala alternativa
Aunque este proyecto de ley es técnicamente una alternativa a la Ley de Seguridad Infantil en Internet, es un proyecto deficiente. Como ya hemos dicho antes, nadie debería tener que entregar su carné de conducir para acceder a sitios web gratuitos. Tener que entregar ese carné de conducir a un programa gubernamental no resuelve el problema. El mundo que imaginan los autores de este proyecto de ley es uno en el que todo el mundo tiene menos poder para expresarse y acceder a la información en línea, y debemos oponernos a él.
DETENGAN LA LEY DE "PROTECCIÓN INFANTIL EN LAS REDES SOCIALES"
