Internet ha visto mejores días. Alguna vez prometió ser liberador: cualquiera con un dispositivo de computación puede conectarse con el mundo, anónimamente o no, para contar su historia, organizar, educar y aprender. Pero hoy en día, para muchos, la experiencia online significa estar encerrados en unas pocas plataformas poderosas, rastreadas de forma no consensuada a través de la web, con nuestra capacidad de acceder y compartir información dejada a merced de sistemas de decisión algorítmicos que curan nuestras vidas online. Los principios fundamentales como la transparencia, la apertura y la autodeterminación de la información que solían ser centrales en los primeros días de Internet han sufrido terriblemente.
Esto no era inevitable y no tiene por qué ser permanente. Nosotros le damos forma Internet y esta dependerá, en parte, de una cuidadosa revisión de nuestras leyes tecnológicas, con la vista puesta en la economía de plataforma del siglo XXI. Podemos mejorar lo que existe, pero debemos proteger los elementos del orden jurídico actual que funcionan.
En la Unión Europea existe la oportunidad de hacer exactamente eso: adoptar una reglamentación capaz de resistir el paso del tiempo, que preserve las normas que han inspirado la innovación y protegido los derechos fundamentales, y que al mismo tiempo habilite a los usuarios y a los futuros innovadores. En 2020, la Comisión Europea anunció una ambiciosa estrategia para promover una visión claramente europea sobre cómo regular la gran tecnología. Parte de esa estrategia es el paquete de la Ley de Servicios Digitales. La Ley de Servicios Digitales (DSA) es la reforma más importante de la legislación sobre plataformas de Europa, la Directiva sobre el comercio electrónico, que la UE ha emprendido en veinte años. Es una oportunidad sin parangón para formular una visión audaz y basada en pruebas para abordar los desafíos más apremiantes de la actualidad.
Apoyamos el compromiso de la Comisión con un mejor futuro alternativo para Internet, y acogemos con beneplácito su ambición de encontrar soluciones creativas a cuestiones complejas como los fallos de transparencia, la moderación de contenidos privatizados y los mercados dominados por los guardianes. Ya hemos contribuido a los informes del Parlamento de la UE y a la consulta de la Comisión sobre la ASD, y seguiremos trabajando en estrecha colaboración con las instituciones de la UE para compartir nuestra experiencia en la lucha por los derechos digitales a través de litigios de impacto, el activismo de base y el desarrollo tecnológico.
Pero también somos cautelosos. Leyes recientes como la Directiva de Derechos de Autor, e iniciativas reguladoras en Alemania, Francia y Austria que intentan abordar cuestiones similares, han puesto en peligro la libertad de expresión en línea, al tiempo que otorgan a las plataformas privadas responsabilidades aún mayores para vigilar el contenido de los usuarios. La DSA es una oportunidad importante para aclarar el compromiso de la UE con los derechos fundamentales en línea, y para garantizar los derechos básicos sobre los que se basará en los años venideros.
En nuestra promoción de políticas en torno a la DSA, nos centraremos en cuatro áreas clave: responsabilidad de la plataforma, mandatos de interoperabilidad, justicia procesal y control del usuario. Como hemos estado introduciendo los principios que guiarán nuestro trabajo de política, nuestro mensaje a la UE ha sido claro: Preservar lo que funciona. Arreglar lo que está roto. Y devolver el control a los usuarios.
