Las fuerzas del orden de California deberían tomar nota: el Fiscal General del Estado ha emitido un nuevo boletín en el que se les aconseja sobre cómo cumplir la ley AB 481, una ley estatal que regula el modo en que las fuerzas del orden pueden utilizar, adquirir y divulgar información sobre el material militar del que disponen. Esta importante orientación se produce a raíz de una revelación que demuestra que, a pesar de conocer la AB 481, el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) incumplió la ley flagrantemente. La EFF aplaude a la oficina del Fiscal General por recordar a la policía y a los departamentos del sheriff lo que dice la ley y cuáles son sus obligaciones, e insta al máximo responsable de la aplicación de la ley en el estado a que supervise el cumplimiento de la ley por parte de los organismos.

El boletín hace hincapié en que los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben pedir permiso a los órganos de gobierno, como los ayuntamientos o las juntas de supervisores, antes de comprar equipo militar, o incluso de solicitar subvenciones o donaciones para adquirir dicho equipo. El boletín también recuerda a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de California y a los organismos estatales con divisiones policiales sus obligaciones en materia de transparencia: deben publicar en su sitio web una política de uso de material militar que describa, entre otros detalles, las capacidades, los fines y usos autorizados y las repercusiones financieras del material, así como los mecanismos de supervisión y aplicación en caso de infracción de la política. Las fuerzas del orden también deben publicar un informe anual sobre el equipo militar que proporcione información sobre cómo se utilizó el equipo el año anterior y los costes asociados. 

Los organismos deben dejar de utilizar cualquier equipo militar, incluidos los drones, si no han solicitado el permiso correspondiente para utilizarlos. Esto es especialmente importante en San Francisco, donde la SFPD ha sido se ha comprobado, mediante registros públicos,  la compra de aviones no tripulados sin la debida autorización previa, a pesar de las advertencias de los propios responsables políticos del departamento. 

En un clima en el que pocas ciudades y estados tienen leyes que regulen qué tecnología y equipamiento pueden utilizar los departamentos de policía, los californianos tienen suerte de contar con normativas como la AB 481, que exige transparencia, supervisión y control democrático del equipamiento militar por parte de los funcionarios electos. Pero esas normativas son mucho menos eficaces si no existe un mecanismo de rendición de cuentas que garantice que la policía y los departamentos del sheriff las cumplen. 

El SFPD y todos los demás cuerpos de seguridad de California deben volver a familiarizarse con las normas. Los departamentos de policía y sheriff deben obtener permiso y justificar las compras antes de adquirir material militar, contar con políticas de uso aprobadas por su órgano de gobierno local y presentar informes anuales sobre lo que tienen y cuánto cuesta.