Esta semana, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes celebró una audiencia titulada "Preservar la libertad de expresión y frenar la censura de las grandes tecnológicas". Los legisladores presentes en la audiencia sacaron a relucir los habituales malentendidos sobre estos conceptos, y echaron la culpa a la Sección 230, la ley que en realidad promueve la libertad de expresión en línea.

Sin embargo, oculto en estos malentendidos del Congreso, y de la mayoría de los testigos llamados a declarar, había un problema realmente grave: los funcionarios del Gobierno siguen pidiendo a los servicios en línea que eliminen o editen la expresión de los usuarios, lo que plantea el espectro de una interferencia inconstitucional en las decisiones de moderación de las plataformas privadas. Y lo que es peor, el público carece de transparencia sobre la frecuencia con que esto ocurre.

Independientemente de su preferencia ideológica, siempre debemos preocuparnos por la coacción gubernamental que se traduce en la censura de la expresión de los usuarios en línea, lo que viola la Primera Enmienda y amenaza los derechos humanos en todo el mundo. El gobierno es libre de intentar persuadir a los servicios en línea para que eliminen las expresiones que considere perjudiciales, pero la decisión de eliminar las expresiones de los usuarios debe recaer siempre en la plataforma.

Así que el Congreso hace bien en investigar la relación entre las plataformas y el gobierno, y ambos deberían ser más transparentes sobre las peticiones oficiales de retirar contenidos de los usuarios.

La Primera Enmienda y la Sección 230 permiten la moderación de contenidos

Uno de los testigos de la vista, el Dr. Jay Bhattacharya, descubrió que gran parte de lo que publicaba sobre las estrategias de mitigación del COVID-19 estaba siendo moderado por Twitter para reducir su visibilidad, a petición de los funcionarios sanitarios del gobierno. Las decisiones tomadas sobre su cuenta de Twitter no se le explicaron en su momento, pero se le mostraron más tarde, después de que Twitter cambiara de propietario. Esta falta de transparencia es problemática. Por eso, desde hace años, organizaciones como la EFF presionan a las grandes empresas tecnológicas para que sean más claras con los usuarios sobre sus procesos de toma de decisiones, especialmente cuando esas decisiones parten de una petición gubernamental.

La afirmación que suelen hacer algunos miembros del Congreso, entre ellos la Presidenta del Comité, Cathy McMorris Rodgers (R-WA), es que la Sección 230 es el núcleo de la censura. Esta afirmación malinterpreta la cuestión. Las plataformas son entidades privadas y, como ya hemos explicado muchas veces, los actores privados, incluso las grandes tecnológicas, tienen el derecho, en virtud de la Primera Enmienda, de retirar los discursos que no deseen difundir. Como Spencer Overton dijo a los legisladores en la audiencia, la realidad es que la Primera Enmienda otorga a las empresas privadas el "derecho a excluir contenidos como consideren oportuno".

Lo que hace la Sección 230 es proteger a esas empresas, así como a empresas y usuarios mucho más pequeños, de otros tipos de responsabilidad civil por sus decisiones de distribuir contenidos de terceros y moderar esos contenidos.

Eso no quiere decir que no debamos preocuparnos por el poder de las grandes tecnológicas para moldear el discurso público. En la EFF, hemos sugerido una serie de formas constitucionalmente permisibles para hacer frente a su poder, como la revisión de la ley de competencia y antimonopolio, al tiempo que actualizamos nuestras leyes de privacidad. Pero mientras el Congreso siga centrado en cosas que van más allá de su poder, desgraciadamente se perderá más tiempo en estos esfuerzos improductivos.

La injerencia gubernamental en la moderación de contenidos es un peligro real

No necesitamos debatir todos los detalles cuando los funcionarios del gobierno intervienen en la moderación de contenidos. Es muy preocupante cada vez que ocurre, especialmente entre bastidores. En general, hay que dejar que los agentes privados tomen decisiones sobre cómo gestionar sus comunidades en línea. Los funcionarios pueden hacer recomendaciones, pero deben hacerlo abiertamente y en público. Pero trabajar entre bastidores para determinar qué contenidos deben permanecer y cuáles deben desaparecer es problemático. Un debate productivo en el Congreso se centraría en limitar las oscuras actividades de moderación del gobierno y hacerlas transparentes, incluso cuando las intenciones de los funcionarios son buenas.