Los residentes de California cuentan por fin con una ley diseñada para desmantelar parte del secreto que rodea a las adquisiciones nacionales de equipos de vigilancia en zonas de guerra.

Las armas del ejército de Estados Unidos -drones, centros de mando móviles, cañones de sonido, etc.- se han entregado a las fuerzas de seguridad locales durante años. Las transferencias han dotado a los departamentos de policía de la capacidad de redirigir las herramientas de vigilancia y las armas de guerra diseñadas para adversarios extranjeros hacia objetivos a menudo infalibles en suelo estadounidense. Para los departamentos de policía que obtienen el equipo, el proceso suele ser secreto. Si no crees que las fuerzas de seguridad locales realmente necesitan un sistema de vigilancia aérea, o para el caso un MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected vehicle o Vehículo protegido contra las minas y las emboscadas), no ha habido mucho que puedas hacer para evitar que estos se unan al arsenal del departamento de policía de tu barrio.

La ley A.B. 481, una nueva ley del estado de California, entró en vigor a principios de mayo de 2022 para los equipos que ya poseen las agencias y a principios de este año para las nuevas tecnologías. Exige el control democrático de si los organismos policiales estatales o locales de California pueden obtener o utilizar herramientas de grado militar, ya sea que las reciban del gobierno federal, las compren o las utilicen a través de algún otro canal. A través de sus funcionarios electos, el público puede decir "no" a la vigilancia militar y a otras tecnologías, y no se permitirá que lleguen a la ciudad.

La ley 481 exige el control democrático de si los organismos policiales estatales o locales de California pueden obtener o utilizar herramientas de grado militar, independientemente de cómo se obtengan.

Estas medidas de control democrático incluyen la creación de un proyecto de políticas de uso que debe exponerse públicamente, una oportunidad para que los residentes se organicen y sean escuchados, y una votación por parte del órgano de gobierno en una reunión pública. Si se aprueba la propuesta, la policía deberá presentar informes periódicos sobre el uso de los equipos, y el organismo público deberá realizar revisiones anuales de cumplimiento. El proyecto de ley también obliga a los organismos que ya poseen equipos militares a obtener la aprobación del órgano de gobierno antes de finales de 2022, o bien a dejar de utilizarlos.

La propuesta de ley 481 sigue el modelo de las leyes de Control Comunitario de la Vigilancia Policial (CCOPS) adoptadas en 18 comunidades de todo el país. Fue patrocinada por la Fundación de Mujeres de California, el Instituto de Política de la Mujer, la Alianza para Niños y Hombres de Color y la Coalición Stop Terror and Oppression by Police (STOP). Mientras que el CCOPS garantiza el control democrático sobre la adquisición y el uso local de todo tipo de tecnologías de vigilancia, la ley 481 garantiza el control democrático sobre la adquisición y el uso local de tecnologías militares (incluidas las tecnologías de vigilancia militar).

En California, hay más de 500 organismos locales encargados de hacer cumplir la ley, y el estado es uno de los mayores receptores de transferencias militares. En total, el programa federal de transferencia de excedentes militares ha transferido equipos por valor de más de 7.500 millones de dólares a las fuerzas de seguridad locales desde la creación del programa en 1990.

El equipo militar, a efectos de la nueva ley, abarca una amplia gama de armas y herramientas de vigilancia:

• Drones y vehículos no tripulados de la tierra y del cielo;
• Vehículos de mando y control (camiones equipados con ordenadores y otros equipos para recoger y transmitir diversos flujos de vídeo e información);
• Tanques, MRAP (vehículos resistentes a las minas y protegidos contra emboscadas) y Humvees;
• Vehículos armados de cualquier tipo;
• Armas de fuego de calibre superior al 50;
• Ondas de choque Taser y LRAD (dispositivos acústicos de largo alcance, también conocidos como cañones de sonido); y
• Lanzadores de proyectiles.

Es importante que haya más transparencia en las prácticas de aplicación de la ley, y que las comunidades tengan un control democrático de los excedentes de las transferencias militares, en particular de los equipos de vigilancia de alta tecnología. La promulgación de la ley 481 es un importante paso adelante.

Es importante que haya más transparencia en las prácticas de las fuerzas de seguridad y que las comunidades tengan un control democrático de los excedentes de las transferencias militares, especialmente de los equipos de vigilancia de alta tecnología.

La propuesta de "política de uso de equipo militar" es ahora el primer paso del proceso para los organismos que intentan obtener equipo militar. Se trata de un documento escrito, disponible públicamente, que regirá el uso de este equipo militar por parte de la agencia estatal o local. Tiene que hacer algunas cosas:

• abordar las normas legales que rigen el uso de los equipos;
• describir la formación requerida; y
• describir el procedimiento por el que el público puede presentar reclamaciones.

A continuación, las fuerzas de seguridad deben obtener la aprobación del órgano de gobierno de la jurisdicción, como el Ayuntamiento, en forma de reunión pública. La política y otros materiales pertinentes deben ponerse a disposición del público en el sitio web de los organismos con al menos 30 días de antelación. Los residentes que se oponen al equipamiento militar pueden aprovechar ese mes para organizarse en contra.

Una vez concedida la aprobación, la agencia no es libre de utilizar el equipo indefinidamente. Habrá una revisión anual del cumplimiento de la política de uso, basada en un informe anual sobre el equipo militar. Ese informe debe contener:

• La cantidad que se posee para cada tipo de equipo militar;
• Un resumen de cómo y para qué se utilizó el equipo militar;
• Un resumen de las quejas o preocupaciones recibidas en relación con el equipo militar;
• Los resultados de las posibles auditorías internas;
• Cualquier información sobre las infracciones de la política de uso y sus consecuencias;
• El coste total anual de cada tipo de equipo militar, incluyendo la adquisición, el personal, la formación, el transporte, el mantenimiento, el almacenamiento, la actualización y otros costes corrientes, y de qué fuente se extraerán los fondos el año siguiente; y
• La cantidad solicitada para cada tipo de equipo militar adicional que el organismo policial pretende adquirir en el próximo año.

Las agencias han comenzado a publicar sus materiales en línea, como estos de Milpitas y el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. Desgraciadamente, algunos miembros de las fuerzas del orden se han opuesto a la necesidad de revelar si disponen de material de guerra. Como hemos visto en nuestro análisis del cumplimiento de la ley S.B. 978, que requiere que los departamentos de policía de California publiquen sus políticas en línea, la adhesión a las nuevas medidas de responsabilidad no puede darse por sentada. Sin embargo, les guste o no, la ley 481 hace que ocultar herramientas de grado militar sea contrario a la ley para las fuerzas del orden.

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