Mientras que en 2019 la UE se vio envuelta en una desastrosa norma de derecho de autor en Internet que sigue repercutiendo en los círculos jurídicos y políticos, en 2020 la historia fue muy distinta, ya que la UE introdujo la Ley de Servicios Digitales (DSA), la reforma más importante de la legislación sobre plataformas de Europa que la UE ha emprendido en veinte años. Se trata de una oportunidad sin parangón para formular una visión audaz y basada en pruebas para hacer frente a los desafíos más apremiantes de la actualidad.

Un área que nos entusiasma especialmente es el cauteloso entusiasmo de la UE por la interoperabilidad, un remedio antimonopolio muy específico de la tecnología y profundamente arraigado en la historia de la tecnología. Los primeros rumores sobre la futura aplicación de la ley insinúan la importancia de la interoperatividad en la próxima estrategia de la UE, con algunos mandatos específicos de interoperabilidad en discusión.

En nuestra labor de promoción de políticas en torno a la DSA, nos centraremos en cuatro áreas clave: responsabilidad de la plataforma, mandatos de interoperabilidad, justicia procesal y control del usuario. Como hemos estado introduciendo los principios que guiarán nuestro trabajo de política, nuestro mensaje a la UE ha sido claro: Preservar lo que funciona. Arreglar lo que está roto. Y devolver el control a los usuarios.

Responsabilidad limitada y ausencia de vigilancia: Preservar lo que funciona

La DSA es una oportunidad importante para actualizar las responsabilidades legales de las plataformas y consagrar los derechos de los usuarios frente a las poderosas plataformas de control de acceso que controlan gran parte de nuestro entorno en línea. Pero también existe el riesgo de que la Ley de Servicios Digitales siga los pasos de los recientes desarrollos regulatorios en Alemania, Francia y Austria. El NetzDG alemán, el proyecto de ley francés Avia (que ayudamos a llevar a los tribunales) y la ley austriaca contra la incitación al odio (aconsejamos a la Comisión que la rechazara) muestran una tendencia preocupante en la UE a obligar a las plataformas a vigilar el contenido de los usuarios sin tener en cuenta lo que más importa: dar voz a los usuarios afectados por la retirada de contenido.

En los comentarios detallados que hemos enviado a la UE sobre esta cuestión, hacemos hincapié en los procedimientos de notificación y acción justos y equitativos (fuertes salvaguardias para proteger los derechos de los usuarios cuando su contenido se retira o se hace inaccesible).

1. Mecanismos de información: Los intermediarios no deben ser considerados responsables por elegir no eliminar el contenido simplemente porque recibieron una notificación privada de un usuario. Salvo excepciones, la UE debería adoptar el principio de que el conocimiento efectivo de la ilegalidad sólo lo obtienen los intermediarios si se les presenta una orden judicial.

2. Una norma de transparencia y justicia en la notificación y la acción: Las plataformas deberían ofrecer un proceso de apelación fácil de usar, visible y rápido para permitir la resolución significativa de las controversias sobre la moderación del contenido. Los mecanismos de apelación también deben ser accesibles, fáciles de utilizar, seguir un calendario claramente comunicado y deben incluir un examen humano.

3. Abrir la Caja Negra que es la toma de decisiones automatizada: A la luz de los defectos fundamentales de la moderación automatizada de contenidos, las plataformas deben proporcionar la mayor transparencia posible sobre la forma en que utilizan las herramientas algorítmicas.

4. Reinstauración de contenidos erróneamente eliminados: Debido a que las decisiones erróneas de moderación de contenido son tan comunes y tienen efectos tan negativos, es crucial que las plataformas reintegren el contenido de los usuarios cuando la decisión de eliminación no pueda justificarse por una interpretación sensata de las reglas de las plataformas o la eliminación fue simplemente un error.

5. Supervisión regulatoria coordinada y efectiva: Debe reforzarse la coordinación entre las autoridades nacionales independientes para permitir la aplicación de la normativa en toda la Unión Europea, y debe incentivarse a las plataformas para que cumplan con sus deberes de diligencia debida mediante, por ejemplo, la armonización de sanciones significativas en toda la Unión Europea.

Ante el proyecto de reforma más importante de la legislación sobre Internet emprendido en dos decenios, la Unión Europea debería optar por proteger la Internet en lugar de coaccionar a las plataformas en línea para que vigilen a sus usuarios. La EFF tiene la intención de luchar por los derechos de los usuarios, la transparencia, el anonimato y la responsabilidad limitada de las plataformas en línea en cada paso del camino.

Este artículo es parte de nuestra serie "Year in Review". Lea otros artículos sobre la lucha por los derechos digitales en 2020.