Desde EFF, hemos unido esfuerzos con grupos de derechos digitales de Colombia, México, Brasil, Paraguay y Perú para prestar apoyo a cada país en la elaboración de su propio informe ‘¿Dónde Están Mis Datos?’, iniciativa similar a “Who Has Your Back?” (¿Quién cuida tu espalda? en español), que desde 2011, incentiva a las empresas a adoptar mejores prácticas, ser transparentes acerca de cómo fluyen los datos al gobierno, y para tomar partido por la privacidad de sus usuarios.
Fundación Karisma, una organización que defiende los derechos digitales líder en la región, lanzó el primer informe latinoamericano el pasado 20 de mayo desde Colombia. El mismo evalúa si los proveedores de servicios de Internet (PSI) en el país están dispuestos a comprometerse públicamente a defender sus clientes frente a las demandas gubernamentales para el acceso a sus datos.
Tras más de ocho meses de elaboración, recopilación e investigación sobre las políticas de privacidad y términos de uso de las cinco más importantes PSI colombianas, ‘¿Dónde Están Mis Datos?’, muestra que estas compañías tienen políticas vagas y poco claras sobre la protección de la privacidad, además de una falta de transparencia acerca del rol que juegan estas PSI en la entrega de información personal frente al Gobierno colombiano, dejando mucho espacio para mejorar.
El informe califica con estrellas a Claro, Movistar/Telefónica, ETB, Une y DirecTV que concentran el 91% de los usuarios de internet, de acuerdo con un reporte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Colombia. Este año, DirecTV fue la única PSI que ganó una estrella completa por publicar su política de protección de datos de forma clara y accesible al público.
Desafortunadamente, los resultados del informe ‘¿Dónde Están Mis Datos?’ muestran que ésta es la excepción a la regla; lo corriente es que para los colombianos sea difícil encontrar estos documentos en las páginas oficiales de los PSI, pues éstos son ambiguos y contienen previsiones exageradas como la retención de datos personales incluso después de finalizado el contrato.
Otro punto importante es la falta de reportes de transparencia que evalúan si las empresas (y con qué frecuencia) entregan datos al Gobierno cuando lo requieran. Estos informes ofrecen a las personas alguna información sobre el alcance y naturaleza de las solicitudes de información de los usuarios que hacen los Gobiernos para sus procesos de investigación y vigilancia.
EFF también estuvo en Bogotá durante la presentación del proyecto, señalando que el informe anual tiene por objeto promover la competencia mediante la creación de una "carrera hacia la cima de la montaña" entre las empresas que defienden la privacidad de sus usuarios siempre que sea posible hacerlo.
“El proyecto está diseñado con la finalidad de incentivar a las empresas a adoptar las mejores prácticas en el manejo de nuestros datos, que los PSI sean más transparentes acerca de cómo fluyen los datos hacia el Gobierno, e incentivarlos a que tomen partido por la privacidad de sus usuarios siempre que sea posible”, indicó Katitza Rodríguez, Directora de derechos internacionales de EFF, durante el lanzamiento del proyecto.
Si bien las empresas no están obligadas legalmente a publicar estos informes de transparencia, “entregar estos documentos es una buena práctica y demuestra que las empresas se preocupan por sus clientes”, acotó Carolina Botero, Directora Ejecutiva de la Fundación Karisma y coautora del informe, durante su lanzamiento.
La transparencia es esencial en cualquier país, particularmente en el contexto de las actividades de vigilancia. La transparencia es vital para la rendición de cuentas, el respeto a derechos fundamentales y la defensa de valores democráticos. Pero en el marco legal colombiano, se otorga excesivos poderes de vigilancia al Gobierno, por ejemplo, obligando a los PSI a retener los datos de todos sus usuarios por un periodo de 5 años, el plazo más amplio que existe a nivel mundial.
A la par, la prensa reaccionó haciéndose eco de los resultados (ver aquí, aquí, aquí y aquí), como también las preocupaciones expresadas por periodistas independientes, usuarios de Internet, académicos y la comunidad colombiana de activistas entraron al debate a través de las redes sociales y blogs.
Los colombianos tienen el derecho de saber cómo el gobierno está utilizando las tecnologías de vigilancia hacia ellos, y qué tipo de información personal está siendo accedida. Esperamos que los PSI de Colombia empiecen a publicar reportes de transparencia y ratifiquen que ellos pueden defender los datos de sus usuarios frente a pedidos excesivos gubernamentales, a fin de que próximos informes reflejen estos cambios positivos.
El próximo informe será presentado en México este 16 de Junio. Brasil, Paraguay y Perú también publicarán sus informes en los siguientes meses.