Esta publicación es una versión adaptada del artículo publicado originalmente en Silla Vacía

Los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas se reunirán este mes de diciembre en la X Cumbre de las Américas, en la República Dominicana, para debatir los retos y oportunidades a los que se enfrentan los países de la región. Como parte del Proceso de la Cumbre de las Américas, que celebró su primera reunión en 1994, el tema de la cumbre de este año es «Construir un hemisferio seguro y sostenible con prosperidad compartida».

Más de veinte organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la EFF, publicaron una contribución conjunta antes de la cumbre en la que se aborda la intersección entre la tecnología y los derechos humanos. Aunque el documento conceptual de la reunión no menciona el papel de las tecnologías digitales en el ámbito de la cumbre de este año, la contribución conjunta destaca que el desarrollo y el uso de las tecnologías es una cuestión transversal y que probablemente se integrará en las políticas y medidas acordadas en la reunión.

La seguridad humana, sus dimensiones fundamentales y las tecnologías digitales

El documento conceptual indica que los habitantes de las Américas, al igual que el resto del mundo, viven en una época de incertidumbre y de desafíos geopolíticos, socioeconómicos y medioambientales que requieren medidas urgentes para garantizar la seguridad humana en múltiples dimensiones. Identifica cuatro áreas clave: seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad energética y seguridad hídrica.

El potencial de las tecnologías digitales abarca estas áreas de interés y es muy probable que se tenga en cuenta en las medidas, planes y políticas que los Estados adopten en el contexto de la cumbre, tanto a nivel nacional como a través de la cooperación regional. Sin embargo, al aprovechar el potencial de las tecnologías emergentes, también surgen sus desafíos. Por ejemplo, los algoritmos de IA pueden ayudar a predecir los picos de demanda y gestionar los flujos de energía en tiempo real en las redes eléctricas, pero la infraestructura necesaria para el funcionamiento creciente y masivo de los propios sistemas de IA plantea desafíos para la seguridad energética.

En América Latina, la necesidad imperiosa de salvaguardar los derechos ante los riesgos y los efectos perjudiciales ya documentados se destaca particularmente en la seguridad ciudadana. El abuso de los poderes de vigilancia, potenciado por las tecnologías digitales, es un problema recurrente y generalizado en la región.

Está entrelazado con las profundas raíces históricas de una cultura de secretismo y permisividad que obstaculiza la implementación de salvaguardias sólidas de la privacidad, una supervisión independiente eficaz y recursos adecuados para las violaciones. La propuesta del documento conceptual de crear una Plataforma Hemisférica de Acción para la Seguridad Ciudadana y Comunitaria no puede ignorar estos problemas y, sobre todo, no debe reforzarlos.

Es fundamental que la noción de seguridad incorporada en el enfoque de la Décima Cumbre sobre la seguridad humana se base en el desarrollo humano, la protección de los derechos y la promoción del bienestar social, especialmente para los grupos históricamente discriminados. También es esencial que se aleje de la securitización y la militarización, que se han utilizado para el control social, silenciar la disidencia, acosar a los defensores de los derechos humanos y a los líderes comunitarios, y restringir los derechos y garantías de los migrantes y las personas en situación de movilidad.

Hacia compromisos regionales basados en los derechos humanos

A la luz de estas preocupaciones, la contribución conjunta firmada por EFF, Derechos Digitales, Wikimedia Foundation, CELE, ARTÍCULO 19 - Oficina para México y Centroamérica, entre otras organizaciones de la sociedad civil, aborda lo siguiente:

• La importancia de fortalecer el espacio cívico digital, lo que requiere una infraestructura digital sólida y políticas de conectividad e inclusión digital, así como la participación ciudadana y la transparencia en la formulación de políticas públicas.
• Los desafíos que plantean las crecientes capacidades de vigilancia de los Estados de la región mediante la adopción cada vez mayor de tecnologías y prácticas cada vez más intrusivas sin las garantías necesarias.
• Las obligaciones de los Estados establecidas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las normas clave afirmadas por la Corte Interamericana en el caso de Miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) contra Colombia.
• Una perspectiva sobre la digitalización y la innovación estatales centrada en los derechos humanos, basada en un análisis exhaustivo de los problemas y deficiencias actuales y sus efectos perjudiciales para las personas. La insuficiencia o la ausencia de mecanismos significativos de participación pública, transparencia y evaluación son características llamativas de diversas experiencias en los países de las Américas.

Por último, la contribución formula recomendaciones para la cooperación regional, promoviendo soluciones compartidas y esfuerzos conjuntos a nivel regional basados en los derechos humanos, la justicia y la inclusión.

Esperamos que la contribución conjunta refuerce una perspectiva basada en los derechos humanos en todos los debates y acuerdos de la cumbre. Cuando abundan los abusos relacionados con la seguridad facilitados por las tecnologías digitales, la cooperación regional hacia la prosperidad compartida debe tener en cuenta estos riesgos y situar la justicia y el bienestar de las personas en el centro de cualquier iniciativa que se lleve a cabo.