A medida que la Unión Europea se prepara para una importante reforma de la actual columna vertebral de la regulación de Internet de la UE - la Directiva sobre comercio electrónico será sustituida por la Ley de Servicios Digitales (DSA) - hay que tomar decisiones. En lugar de seguir los pasos de la reciente y desastrosa legislación sobre Internet (como la Directiva sobre el derecho de autor), la UE debería centrarse en cómo devolver a los usuarios el control de sus experiencias en línea. En lugar de dar más poder ejecutivo a las grandes plataformas que han monopolizado el espacio digital, la UE debería proteger la Internet de interés público centrándose en los derechos de los usuarios a la libre determinación y en medidas de transparencia, anonimato e interoperabilidad.

Tenemos la esperanza de que la UE se mueva en la dirección correcta en cuanto a la política de Internet, sobre todo teniendo en cuenta que los países miembros han defendido los proyectos de ley de Internet que pretenden crear una Internet europea más restrictiva. En una reciente victoria a favor de la libertad de expresión y de Internet, la EFF ayudó a eliminar disposiciones fundamentales de un proyecto de ley francés destinado a poner freno a la incitación al odio, argumentando que atraparía de manera inconstitucional la expresión legal en su red. Mientras tanto, la infame ley alemana NetzDG, que obliga a las empresas a responder a las denuncias de expresiones ilegales en un plazo de 24 horas, se ha endurecido para que las plataformas no sólo eliminen el contenido delictivo sospechoso, sino que también envíen informes a la policía federal, incluida información sobre el usuario.

Normas sobre responsabilidad y vigilancia: Una oportunidad para hacer lo correcto

La próxima reforma de la legislación de la Unión Europea sobre Internet es una gran oportunidad para rehacer parte del daño causado por las malas facturas de Internet y para reconocer que es una mala idea convertir las plataformas en la policía de Internet que escanea y censura los mensajes de los medios sociales, los vídeos y otras formas de comunicación de miles de millones de usuarios. También es una buena ocasión para modernizar algunas normas anticuadas y asegurarse de que Internet siga siendo una plataforma abierta para la libre expresión.

En este post, explicaremos con más detalle nuestra posición contra la vigilancia y el filtrado obligatorios del contenido de los usuarios y por qué la UE no debería responsabilizar a las plataformas por el contenido proporcionado por los usuarios.

Principio 1: Los intermediarios en línea no deben ser responsables del contenido de los usuarios

Los intermediarios tienen un papel fundamental a desempeñar para garantizar la disponibilidad de contenidos y el desarrollo de la Internet. Son un motor de la libertad de expresión, ya que permiten a las personas compartir contenidos con las audiencias a una escala sin precedentes. Una de las razones del éxito de los intermediarios en línea es la inmunidad de que gozan para los contenidos de terceros. Este es uno de los principios fundamentales que creemos que debe seguir sustentando la regulación de Internet: Las plataformas no deben ser responsables de las ideas, imágenes, vídeos o discursos que los usuarios publiquen o compartan en línea. Si no se aplicara ese principio, las plataformas se verían obligadas a vigilar afirmativamente el comportamiento de los usuarios; filtrarían y comprobarían el contenido de los usuarios; y bloquearían y eliminarían todo lo que fuera polémico, objetable o potencialmente ilegal para evitar la responsabilidad legal. Por la misma razón, es probable que los usuarios no se sientan inclinados a hablar libremente en primer lugar; evitarían compartir su expresión artística o publicar un ensayo crítico sobre acontecimientos políticos. Peor aún, sin protección jurídica, los proveedores de servicios podrían convertirse fácilmente en blanco de las empresas, los gobiernos o los malos actores que quieren atacar y silenciar a los usuarios.

Por consiguiente, la UE debería asegurarse de que los intermediarios en línea sigan beneficiándose de exenciones de responsabilidad amplias y no se les considere responsables del contenido proporcionado por los usuarios. Debería abandonarse la nebulosa actual de la distinción entre proveedores de alojamiento pasivos y activos para que se apliquen las exenciones: Los intermediarios no deben ser considerados responsables del contenido de los usuarios mientras no participen en la creación conjunta o la modificación de ese contenido de manera que contribuya sustancialmente a la ilegalidad, y siempre que no tengan conocimiento real de su carácter ilegal o infractor. Toda obligación adicional deberá ser proporcionada y no restringir la libre expresión de los usuarios y la innovación.

Principio 2: Sólo las órdenes judiciales deben desencadenar la responsabilidad

Los intermediarios no deben ser considerados responsables por elegir no eliminar el contenido simplemente porque recibieron una notificación privada de un usuario. Con el fin de proteger la libertad de expresión, la UE debería adoptar el principio de que el conocimiento real de la ilegalidad sólo se obtiene por los intermediarios si se les presenta una orden judicial. Debería corresponder a entidades judiciales independientes, y no a las plataformas o a los usuarios descontentos, decidir la legalidad del contenido de cualquier otro usuario. Toda excepción a este principio debe limitarse a los contenidos manifiestamente ilícitos, es decir, a los que son evidentemente ilícitos independientemente del contexto. Los avisos sobre ese contenido deben ser suficientemente precisos y fundamentados.

Principio 3: No hay vigilancia o filtrado obligatorio

La prohibición de la vigilancia general en virtud de la actual Directiva sobre el comercio electrónico tiene por objeto proteger a los usuarios, garantizando su libertad de expresión y sus derechos a los datos personales, tal como se recuerda en la Carta de Derechos Fundamentales. Si se abandonara este importante principio, no sólo tendría consecuencias desastrosas para la libertad de los usuarios, sino que también daría lugar inevitablemente a una reglamentación en la sombra, es decir, a una aplicación privatizada por las plataformas sin transparencia, responsabilidad u otras salvaguardias.

Por consiguiente, no debería permitirse que los Estados miembros de la Unión Europea impongan obligaciones a los proveedores de servicios digitales para que vigilen afirmativamente sus plataformas o redes en busca de contenidos ilegales que los usuarios publiquen, transmitan o almacenen. Tampoco debería existir una obligación general de que las plataformas vigilen activamente los hechos o circunstancias que indiquen una actividad ilegal de los usuarios. La prohibición de las obligaciones generales de vigilancia debería incluir la prohibición de los sistemas de filtrado automatizados obligatorios que evalúan la legalidad del contenido de terceros o que impiden la (re)carga de contenido ilegal. Además, no se debe basar ninguna responsabilidad en el hecho de que un intermediario no detecte el contenido ilegal. Los derechos de privacidad conexos, como el derecho a no estar sujeto a la adopción de decisiones individuales automatizadas, también deben protegerse en este contexto.

Principio 4: Limitar el alcance de las órdenes de destitución

Los casos recientes han demostrado los peligros de las órdenes de retirada de contenidos en todo el mundo. En el caso Glawischnig-Piesczek c. Facebook, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostuvo que un tribunal de un Estado miembro puede ordenar a las plataformas no sólo que retiren el contenido difamatorio a nivel mundial, sino también que retiren el material idéntico o "equivalente". Este fue un resultado terrible, ya que el contenido en cuestión puede considerarse ilegal en un Estado, pero es claramente lícito en muchos otros Estados. Además, al referirse a las "tecnologías automatizadas" para detectar lenguaje similar, el tribunal abrió las puertas de la vigilancia mediante filtros, que son notoriamente inexactos y propensos a sobrecargar el material legítimo.

La reforma de la legislación de la Unión Europea sobre la Internet es una oportunidad para reconocer que la Internet es mundial y que las órdenes de confiscación de alcance mundial son inmensamente injustas y menoscaban la libertad de los usuarios. Las nuevas normas deberían garantizar que las órdenes judiciales -y en particular los mandamientos judiciales- no se utilicen para superponer las leyes de un país a las de todos los demás Estados del mundo. Las órdenes de prohibición deben limitarse al contenido en cuestión y basarse en los principios de necesidad y proporcionalidad en cuanto a su alcance geográfico. De lo contrario, es posible que veamos al gobierno de un país dictando lo que los residentes de otros países pueden decir, ver o compartir en línea. Esto llevaría a una "carrera hacia abajo" hacia la creación de una Internet global cada vez más restrictiva.

Conclusión: Proteger la Internet

Frente al proyecto de reforma más importante de la legislación sobre Internet emprendido en dos decenios, la UE debería optar por proteger la Internet en lugar de coaccionar a las plataformas en línea para que vigilen a sus usuarios. La EFF tiene la intención de luchar por los derechos de los usuarios, la transparencia, el anonimato y la responsabilidad limitada de las plataformas en línea en cada paso del camino.