Un tribunal de Georgia ha decidido que la organización privada sin fines de lucro Atlanta Police Foundation (APF) debe cumplir con las solicitudes de acceso a los registros públicos en virtud de la Ley de Registros Abiertos de Georgia en relación con algunas de sus funciones en nombre del Departamento de Policía de Atlanta. Se trata de una importante victoria para la transparencia en el estado.

La demanda fue presentada el año pasado por el Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta (ACPC) y Lucy Parsons Labs (LPL), miembro de Electronic Frontier Alliance. Se refiere a la negativa de la APF a revelar los registros sobre su papel como arrendadora y administradora del sitio de la llamada Cop City, el Centro de Entrenamiento de Seguridad Pública de Atlanta, en el centro de una batalla de varios años que enfrentó a movimientos sociales y ambientales locales contra la APF. Anteriormente hemos escrito sobre cómo la APF y grupos similares financian la tecnología de vigilancia policial, y cómo el Departamento de Policía de Atlanta espió las redes sociales de activistas que se oponían a Cop City.

Se trata de una gran victoria para la transparencia y para las comunidades locales que quieren mantener su derecho a saber qué hacen los organismos públicos.

Las fundaciones policiales suelen proporcionar recursos a los departamentos de policía que les ayudan a eludir la supervisión pública, y la Fundación de la Policía de Atlanta es pionera en este sentido con el mantenimiento del Centro de Integración de Vídeos Loudermilk y su papel en Cop City, que será utilizado por organismos públicos, entre ellos el Departamento de Policía de Atlanta y otros departamentos de policía.

ACPC y LPL estuvieron representados por los abogados Joy Ramsingh, Luke Andrews y Samantha Hamilton, que habían conseguido la divulgación de algunos materiales el pasado mes de diciembre. Los demandantes habían estado representados anteriormente por la Clínica de la Primera Enmienda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia.

La victoria llega en el momento justo. El verano pasado, el Tribunal Supremo de Georgia dictaminó que los contratistas privados que trabajan para entidades públicas están sujetos a las leyes de transparencia. A continuación, la legislatura del estado de Georgia aprobó una ley para dificultar la presentación de solicitudes de acceso a registros públicos contra entidades privadas. Con la sentencia de este mes, la Fundación de la Policía de Atlanta todavía tiene tiempo para apelar la decisión, pero si no lo hace, tendrá que empezar a cumplir con las solicitudes de acceso a registros públicos a principios de julio.

Esperamos que esto contribuya a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas cuando los organismos gubernamentales subcontratan funciones públicas a entidades privadas, de modo que los activistas y periodistas locales puedan acceder a materiales que deberían estar a disposición del público en general.