En varios países del mundo, las comunidades -y en particular las que ya son vulnerables- se ven amenazadas por una legislación expansiva sobre ciberdelincuencia y vigilancia. Uno de esos países es Jordania, donde una ley de ciberdelincuencia promulgada en 2023 se ha utilizado contra personas LGBTQ+, periodistas, defensores de los derechos humanos y quienes critican al gobierno.
Ya habíamos criticado anteriormente esta ley, señalando que se promulgó precipitadamente y sin un examen suficiente de sus aspectos jurídicos, implicaciones sociales e impacto en los derechos humanos. Criminaliza ampliamente los contenidos en línea calificados de "pornográficos" o considerados "atentatorios contra la moral pública", y prohíbe el uso de redes privadas virtuales (VPN) y otros proxies. Ahora, la EFF se ha unido a trece organizaciones de derechos digitales y libertad de expresión para pedir una vez más a Jordania que elimine la controvertida ley de ciberdelincuencia.
La carta abierta, organizada por Artículo 19, pide a las autoridades jordanas que dejen de utilizar la ley de ciberdelincuencia para perseguir y castigar a las voces disidentes y pongan fin a la represión de la libertad de expresión. La carta también dice: "También instamos al nuevo Parlamento a que derogue o modifique sustancialmente la Ley de Ciberdelincuencia y cualquier otra ley que viole el derecho a la libertad de expresión y las ponga en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos".
La ley jordana es un ejemplo preocupante de cómo una legislación sobre ciberdelincuencia excesivamente amplia puede utilizarse indebidamente para atacar a comunidades marginadas y reprimir la disidencia. Este es el tipo de legislación sobre el que la Asamblea General de la ONU ha expresado su preocupación, incluso en 2019 y 2021, cuando advirtió contra las leyes de ciberdelincuencia que se utilizan para atacar a los defensores de los derechos humanos. Estas preocupaciones se hacen eco de años de informes de expertos en derechos humanos de la ONU sobre cómo las leyes sobre ciberdelincuencia de caracter abusivo terminan por facilitar los abusos contra los derechos humanos.
El Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia también plantea graves amenazas a la libertad de expresión. Lejos de proteger contra la ciberdelincuencia, este tratado corre el riesgo de convertirse en un vehículo para prácticas represivas de vigilancia transfronteriza. Al permitir una amplia cooperación internacional en la vigilancia de cualquier delito "grave" según las leyes nacionales -definidos como delitos punibles con al menos cuatro años de prisión- y sin salvaguardias obligatorias sólidas ni requisitos operativos detallados que garanticen la "no supresión" de la expresión, el tratado corre el riesgo de ser explotado por el gobierno para reprimir la disidencia y atacar a las comunidades marginadas, como se ha visto con la excesivamente amplia ley de 2023 sobre ciberdelincuencia de Jordania. El destino del Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia está ahora en manos de los Estados miembros, que decidirán sobre su adopción a finales de este año.
