Los tratados internacionales de la ONU no están normalmente en el radar de los usuarios. A menudo son debatidos a lo largo de muchos años por diplomáticos y funcionarios de Viena o Nueva York, y su importancia suele pasarse por alto o perderse en la avalancha de información y noticias que procesamos cada día, incluso cuando amplían los poderes policiales y amenazan los derechos fundamentales de personas de todo el mundo.

Este es el caso de la propuesta de Tratado de la ONU sobre Ciberdelincuencia. Durante más de dos años, la EFF y sus asociados de la sociedad civil internacional se han implicado a fondo en la difusión y la lucha por corregir los graves defectos del proyecto de tratado. En los próximos días publicaremos una serie de breves posts que, a través del denso y muy técnico texto del borrador, explicarán los efectos de la convención en el mundo real.

El tratado propuesto, impulsado por Rusia y dirigido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es una propuesta de acuerdo entre naciones supuestamente destinado a reforzar las investigaciones transfronterizas y el enjuiciamiento de los ciberdelincuentes que propagan malware, roban datos para pedir rescates y provocan violaciones de datos, entre otros delitos.

El problema es que, tal y como está redactado actualmente, el tratado otorga a los gobiernos poderes masivos de vigilancia y recopilación de datos para perseguir no sólo la ciberdelincuencia, sino cualquier delito que definan como grave y que implique el uso de un sistema informático o de comunicaciones. En algunos países, eso incluye criticar al gobierno en una publicación en las redes sociales, expresar apoyo en línea a los derechos LGBTQ+ o publicar noticias sobre protestas o masacres.

Las empresas tecnológicas y su personal en el extranjero, en virtud de ciertas disposiciones del tratado, se podrían verse obligadas a ayudar a los gobiernos en su persecución de los datos, ubicaciones y comunicaciones de las personas, sujetas a las jurisdicciones nacionales, muchas de las cuales establecen multas draconianas.

Hemos calificado el proyecto de convenio de cheque en blanco para el abuso de la vigilancia, que puede ser usado como herramienta para la violación de los derechos humanos y la represión transnacional. Es un tratado internacional que todo el mundo debería conocer y del que debería preocuparse porque amenaza los derechos y libertades de las personas en todo el mundo. Mantente atento a nuestras publicaciones en las que explicamos cómo.

Para conocer nuestras principales preocupaciones, lee este documento en tres páginas: