En una votación de 4 a 7, la Junta de Supervisores de San Francisco aprobó un programa piloto de 15 meses que otorga al Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) más poderes de vigilancia en vivo. Todo ello a pesar de las objeciones de una variada coalición de grupos comunitarios y organizaciones de derechos civiles, residentes, el Colegio de Abogados de San Francisco e incluso miembros de la Comisión de Policía de la ciudad, un órgano civil de supervisión compuesto por personas nombradas por el alcalde y la Junta. La ordenanza, respaldada por el alcalde y la SFPD, permite a la SFPD acceder a las transmisiones de vídeo en directo de las cámaras privadas no municipales con el fin de investigar los delitos, incluidos los delitos menores y los delitos contra la propiedad. Una vez que la SFPD obtiene el acceso, puede seguir transmitiendo en directo durante 24 horas. La ordenanza autoriza dicho acceso mediante el consentimiento del propietario de la cámara o una orden judicial. 

No se equivoquen, delitos como el vandalismo o el cruce de peatones imprudentes ocurren en casi todas las calles de San Francisco en un día cualquiera, lo que significa que esta ordenanza esencialmente da a la policía de San Francisco la capacidad de poner toda la ciudad bajo vigilancia en vivo indefinidamente.

Esta preocupante ordenanza también permite a la policía vigilar "eventos significativos", definidos vagamente como eventos grandes o de alto perfil, "para la colocación de personal policial". Esto básicamente da luz verde a la policía para vigilar -en tiempo real- las protestas y otras actividades protegidas por la Primera Enmienda, siempre que requieran barricadas o cierres de calles asociados a las reuniones públicas. La policía de San Francisco ya fue sorprendida utilizando estas mismas cámaras para vigilar las protestas tras el asesinato de George Floyd y el desfile del Orgullo de San Francisco, hechos que no fueron abordados por la mayoría de los supervisores que autorizaron la ordenanza.

Las enmiendas

Durante la audiencia, la supervisora Hillary Ronen introdujo dos enmiendas clave para abordar y mitigar los impactos de la ordenanza sobre las libertades civiles. La primera habría prohibido a la policía de San Francisco vigilar en directo las reuniones públicas a menos que existiera una amenaza inminente de muerte o daños corporales. Esta enmienda fracasó, por el mismo resultado de 4 a 7 que la propia ordenanza. 

La segunda, que tuvo éxito, exigía unos requisitos de información más estrictos sobre el uso de la vigilancia en directo por parte del SFPD y el nombramiento de un auditor independiente sobre la eficacia del programa piloto. Esta enmienda era necesaria para garantizar que una entidad independiente, y no el propio SFPD, evalúe los datos del programa piloto para determinar exactamente cómo, cuándo y por qué se utilizaron estos nuevos poderes de vigilancia en vivo. 

¿De qué se trata?

¿De qué se trata todo esto? Durante la audiencia, varios de los supervisores hablaron de la preocupación de los sanfranciscanos por la delincuencia, pero no explicaron de qué manera el hecho de dar a la policía la capacidad de vigilar en directo responde a esos temores. 

Y, de hecho, muchos de los ejemplos que tanto la SFPD como los Supervisores que votaron a favor de esta ordenanza señalaron son los tipos de situaciones en las que la vigilancia en vivo no ayudaría. Algunos supervisores señalaron los robos en comercios o los robos de coches como ejemplos de por qué es necesaria la vigilancia en directo. Pero según la ordenanza, un agente tendría que pedir primero el permiso de un capitán de la policía de San Francisco y luego acudir al propietario de una cámara para solicitar el acceso a la vigilancia en directo, pasos que llevarían mucho más tiempo que los segundos o minutos que duran estos incidentes. Y si la policía tiene motivos para creer que está a punto de producirse un delito en un lugar concreto, tiene mucho más sentido enviar a un agente en lugar de pasar por el proceso de obtener permiso para vigilar en directo una cámara, lo que conlleva el riesgo de poner un cruce o una farmacia bajo constante vigilancia policial sin motivo. 

Además, como ha señalado la supervisora Shamann Walton, la policía siempre ha podido obtener imágenes históricas de los delitos simplemente enviando una solicitud al propietario de la cámara, especialmente en el caso de las miles de cámaras de los Distritos de Mejora Comercial/Distrito de Beneficio Comercial de las que la policía lleva tiempo obteniendo imágenes históricas para construir casos o reunir pruebas. Así que, aparte del deseo de vigilar activamente grandes extensiones de la ciudad, no está claro cómo la vigilancia en directo ayuda a la policía a conseguir algo que no podría obtener enviando una simple solicitud a posteriori. 

Lo que nos lleva a la triste conclusión de que esta ordenanza no trata realmente de la seguridad de los sanfranciscanos, sino del teatro de la seguridad. Se trata de tranquilizar a los votantes diciéndoles que se está haciendo algo, lo que sea, contra la delincuencia, aunque esa medida proactiva no tenga ningún efecto discernible sobre la delincuencia y, de hecho, amenace activamente con perjudicar a los activistas y a las poblaciones más vulnerables de San Francisco. 

Un sincero agradecimiento

Una gran coalición se opuso a esta ordenanza. Sin sus esfuerzos y los de muchos otros sanfranciscanos que intervinieron durante los comentarios públicos, la fecha de caducidad de 15 meses para el piloto o la disposición de auditoría independiente no habrían sido posibles.

También hay que elogiar a los supervisores Chan, Preston, Ronen y Walton por su valiente postura en la reunión de la Junta de Supervisores, su aguda crítica y cuestionamiento de la legislación, y su voluntad de escuchar a los miembros de la comunidad preocupados.

Vigilancia de los vigilantes

Debido a que este proyecto de ley tiene una disposición de caducidad que requiere que se renueve dentro de 15 meses, tenemos otra oportunidad de ponernos las botas, desempolvar nuestros megáfonos y luchar como un demonio para proteger a los sanfranciscanos de la extralimitación policial. Mientras tanto, y junto con nuestra coalición, vigilaremos las infracciones y haremos un seguimiento de los datos que produzca el SFPD. Y estaremos allí dentro de 15 meses para, con suerte, impedir la reautorización de esta peligrosa ordenanza.