La Unión Europea alcanzó un nuevo hito a finales de la semana pasada en su camino hacia la aprobación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la renovación de la regulación de las plataformas digitales para hacer frente a un sinfín de problemas a los que se enfrentan los usuarios, desde las normas de retirada de contenidos demasiado amplias hasta las débiles salvaguardas de la privacidad de los datos personales. El nuevo acuerdo sobre la DSA alcanzado por los legisladores de la UE tiene muchos aspectos positivos, pero también muchos temibles.
Según lo que hemos sabido hasta ahora, el acuerdo evita transformar las redes sociales y los motores de búsqueda en herramientas de censura, lo cual es una gran noticia. Demasiadas propuestas lanzadas desde que se empezó a trabajar en el ASD en 2020 suponían riesgos reales para la libertad de expresión al convertir a las plataformas en árbitros de lo que se puede decir en línea. El nuevo acuerdo rechaza los plazos de retirada que habrían aplastado la expresión legítima. También sigue siendo sensible a la naturaleza internacional de las plataformas en línea, que tendrán que considerar los aspectos regionales y lingüísticos a la hora de evaluar los riesgos.
Además, el acuerdo mantiene importantes principios de la Directiva de Comercio Electrónico que contribuyeron a la libertad de Internet, como las normas que permiten exenciones de responsabilidad y limitan la vigilancia de los usuarios. Además, impone normas más estrictas de transparencia en torno a la moderación de contenidos y un mayor control del usuario sobre las recomendaciones elaboradas por algoritmos.
Pero no todo son buenas noticias. Aunque adopta medidas cruciales para limitar las prácticas generalizadas de vigilancia del comportamiento en línea y rechaza la preocupante propuesta parlamentaria de obligar a registrar los teléfonos móviles a los creadores de contenidos pornográficos, no concede a los usuarios derechos explícitos para cifrar sus comunicaciones y utilizar el servicio digital de forma anónima para hablar libremente y proteger sus conversaciones privadas. A la luz de una regulación por llegar que, en el peor de los casos, podría hacer obligatorio el escaneo gubernamental de los mensajes de los usuarios en toda la UE, la DSA es una oportunidad perdida para rechazar cualquier medida que lleve a espiar las comunicaciones privadas de las personas. Además, las nuevas obligaciones de diligencia debida podrían incentivar a las plataformas, en determinadas situaciones, a eliminar en exceso los contenidos para evitar ser consideradas responsables de ellos.
También nos preocupa la propuesta defectuosa del "mecanismo de respuesta a la crisis" -introducida por la Comisión en las negociaciones a puerta cerrada del diálogo a tres bandas- que otorga a la Comisión Europea demasiado poder para controlar la expresión en las grandes plataformas cuando decide que hay una crisis. Pero nos alegramos de que se haya moderado añadiendo un paso adicional que exige a la Comisión obtener primero la luz verde de los reguladores de las plataformas nacionales independientes. Además, la Comisión deberá tener en cuenta la gravedad de la crisis y considerar el impacto de cualquier medida adoptada sobre los derechos fundamentales.
Por último, el acuerdo mantiene las disposiciones que permiten a las agencias gubernamentales ordenar a un amplio abanico de proveedores la retirada de contenidos supuestamente ilegales, y que otorgan a los gobiernos poderes alarmantes para descubrir datos sobre oradores anónimos, y sobre cualquier otra persona. Sin limitaciones específicas y exhaustivas, estas disposiciones suponen una extralimitación en la aplicación de la ley que interferirá con el derecho a la privacidad y amenaza los cimientos de una sociedad democrática. Lamentablemente, los legisladores europeos no introdujeron en el acuerdo los controles necesarios centrados en los derechos humanos para salvaguardar a los usuarios contra el abuso de estos poderes.
El acuerdo no es el final del proceso: el texto aún está sujeto a revisiones y debates técnicos, y es posible que no se publique en su forma definitiva hasta dentro de unos días o semanas. Analizaremos los detalles a medida que los obtengamos, así que permanezca atento. Una vez que el texto del ASD esté finalizado, aún debe ser votado como ley antes de entrar en vigor.
