La defensa de la competencia no ha tenido su momento desde la ruptura de la Standard Oil en 1911. Pero este último año, los responsables políticos y gubernamentales de todo el mundo han mirado con lupa los mercados tecnológicos. El lema antimonopolio más reciente es "Acabar con las grandes empresas tecnológicas". A ambos lados del Atlántico se han introducido políticas para fomentar la competencia digital.

El Congreso ha presentado varios proyectos de ley sobre competencia y antimonopolio, incluido un paquete bipartidista que fue aprobado por el comité. El gobierno de Biden ha nombrado a defensores de la competencia para puestos clave: Lina Khan como presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Jonathan Kanter como fiscal general adjunto para asuntos antimonopolio en el Departamento de Justicia y Tim Wu en el Consejo Económico Nacional. Y al otro lado del Atlántico, la Comisión Europea está preparando dos leyes clave, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, que crearían nuevas normas para los servicios digitales y mejorarían la competencia en el sector tecnológico.

A principios de este verano y en su primer viaje internacional, el Presidente Biden se dirigió a Bruselas para hablar de la creación de un nuevo Consejo de Tecnología y Comercio (TTC) entre Estados Unidos y la UE y de un Diálogo Conjunto sobre Política de Competencia Tecnológica (JTCPD). Aparte de los comunicados de prensa iniciales, se han dado pocos detalles sobre los enfoques políticos que se considerarían. Sin embargo, es una clara señal de que existe un interés transatlántico por abordar la competencia en el espacio tecnológico. Pero, ¿cómo sería una política de competencia internacional?

Normas internacionales de interoperabilidad y portabilidad de datos

En la EFF llevamos mucho tiempo defendiendo la interoperabilidad y la portabilidad de los datos como respuestas al enorme poder del mercado. Creemos que la creación de estándares abiertos y la posibilidad de que los usuarios trasladen sus datos a diferentes plataformas aleja el poder del mercado de las empresas y lo pone en manos de los consumidores. Llevar esto a cabo a nivel internacional supondría un cambio de poder sísmico e impulsaría la innovación y la competencia.

Disponer de normas abiertas e interoperables entre plataformas internacionales permitiría a los usuarios transferir fácilmente su información a la plataforma que mejor se adapte a sus necesidades. Significaría que las plataformas no competirían por el tamaño de sus redes, sino por la calidad de sus servicios. Cuando las plataformas se aprovechan de los efectos de red, no se trata de una competición por ofrecer las mejores funciones, sino de quién puede recoger más datos personales. El JTCPD cometería un error si no abordara la interoperabilidad de las plataformas y los servicios, y no sólo los servicios auxiliares, como parte fundamental de la competencia digital.

En un mundo de datos interoperables, si no te gustan las funciones de Facebook, podrías llevarte tus datos a otra plataforma, una con mejores servicios, y podrías conectar con personas de todas las plataformas.

Dada la naturaleza global de Internet, la creación de normas internacionales sería menos gravosa para las empresas tecnológicas, ya que no tendrían que navegar por un mosaico de normas diferentes. Y, a pesar de la oposición de las plataformas, no se trata de una hazaña imposible. De hecho, la interoperabilidad es una piedra angular de Internet. Piensa que después de que Facebook comprara Instagram, la compañía añadió la interoperabilidad del chat entre las dos plataformas, y planea hacer que WhatsApp sea interoperable con ambas plataformas. Si tuviéramos normas de interoperabilidad antes de que las empresas se fusionaran, el mercado se habría visto y actuado de forma diferente.

La defensa de la competencia internacional es incompleta sin la privacidad

La privacidad es un derecho humano fundamental reconocido por la ONU y debe formar parte de cualquier acuerdo internacional sobre competencia digital. Hoy en día, los usuarios se sienten desesperados cuando se trata de su derecho a la privacidad en línea. Aunque la interoperabilidad podría resolver los problemas de privacidad al permitir a los usuarios autodeterminar su plataforma de elección, así como dar a las plataformas conscientes de la privacidad la capacidad de competir en igualdad de condiciones con las grandes plataformas, sigue siendo necesario establecer normas internacionales de privacidad. El establecimiento de una norma mínima de privacidad aleja a las empresas del modelo de datos personales con fines de lucro, que se ha convertido en un obstáculo para los monopolios tecnológicos.

En la UE, las normas de privacidad de datos han sido establecidas por el GDPR en 2016, codificándolo como un derecho fundamental con altos estándares de protección de datos en toda la UE. Estados Unidos está significativamente rezagado en el desarrollo de normas federales de privacidad, a pesar del apoyo bipartidista. La privacidad es también una preocupación de seguridad nacional, ya que pone en peligro el bienestar de sus ciudadanos. Un informe reciente encargado por el Solario del Ciberespacio del Departamento de Defensa pide al Congreso que cree normas nacionales de privacidad como protección básica contra los ciberataques. El establecimiento de normas internacionales de privacidad beneficia enormemente a las empresas tecnológicas. Reduce los costes de cumplimiento y la confusión. Y da una oportunidad competitiva justa a todas las empresas tecnológicas, independientemente de su tamaño.

La promesa de una economía digital realmente competitiva reside en un acuerdo internacional

De lo contrario, crearemos un mundo fracturado para una Internet global, plagado de confusión y de protección desigual ante la ley. En virtud de un acuerdo internacional, la industria adoptaría normas de datos interoperables y portátiles, igualando las condiciones para las empresas antiguas y las nuevas. La interoperabilidad ampliará las oportunidades para que las nuevas empresas construyan nuevas tecnologías que funcionen en los sistemas dominantes existentes. Las normas internacionales de privacidad y la minimización de datos consagran la privacidad como un derecho humano y alejan al mercado digital del modelo que se basa en la explotación de los datos personales. La creación de un acuerdo internacional permite a los consumidores una mayor protección de los datos y a las empresas un mayor acceso al mercado. Y un acuerdo entre Estados Unidos y la UE sobre competencia tecnológica marcaría la pauta para el resto del mundo.