¿Qué ha pasado?
En diciembre de 2020, el Congreso se apresuró a aprobar un proyecto de ley de gasto masivo y un paquete de ayuda contra el coronavirus. Se trataba de una legislación "imprescindible", en el sentido de que si no se aprobaba no habría dinero para hacer cosas como financiar el gobierno. La aprobación del paquete se complicó aún más por un par de amenazas del presidente Trump de vetar el proyecto de ley a menos que ciertas cosas estuvieran en él.
En todo esto, dos proyectos de ley de derechos de autor se añadieron al paquete de gastos, a pesar de que [no tenían cabida en él, porque no se habían celebrado, entre otras cosas, audiencias sólidas pudieran señalar que planteaban. Uno de los proyectos de ley ni siquiera tenía texto disponible para el público hasta el último segundo. Y ahora son leyes.
El proyecto de ley general tiene . Estas nuevas leyes de derechos de autor están muy cerca de la mitad, a partir de la página 2.539.
¿Qué son estas leyes?
Se trata de la Ley de Protección del Streaming Legal de 2020 y de la Ley de Alternativa de Derechos de Autor en la Ejecución de Pequeñas Demandas (CASE Act). La primera convierte en delito el funcionamiento de ciertos tipos de servicios comerciales de streaming. La segunda crea una extraña "Junta de Reclamaciones de Derechos de Autor" dentro de la Oficina de Derechos de Autor que puede repartir indemnizaciones de 30.000 dólares por reclamaciones de infracción de derechos de autor. La primera no va a afectar mucho al usuario medio de Internet. La otra es más peligrosa.
¿Qué es la ley de delitos de streaming?
El texto de la Ley de Protección del Streaming Legal de 2020 solo se hizo público unas dos semanas antes de que se convirtiera en ley, y el interés por ella fue alto. Esto se debió en parte a que la gente se enteró de que había una ley de streaming delictivo, pero sin ningún tipo de detalles.
No es una gran ley, simplemente no necesitamos más penas por infringir los derechos de autor y, desde luego, no unas que lo conviertan en un delito grave, pero la buena noticia es que no afectará a la mayoría de la gente.
La ley tipifica como delito la explotación, ya sea para "beneficio comercial" o personal, de un servicio que (1) esté principalmente diseñado o proporcionado para ser utilizado para el streaming infractor; (2) no tenga ningún uso significativo no infractor; o (3) se comercialice para promover su uso para el streaming infractor.
Dado que la mayoría de la gente no gestiona este tipo de servicios, y que la ley no afecta a las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, la mayoría de nosotros no entrará en conflicto con esta ley.
¿Qué es la Ley de Alternativas a los Derechos de Autor en la Ejecución de Pequeñas Demandas (CASE)?
La Ley CASE es una historia totalmente diferente. En el mejor de los casos, es una enorme pérdida de tiempo y dinero. En el peor, se cernirá inconstitucionalmente como una nube oscura sobre todos los que intenten compartir algo en línea.
La Ley CASE crea una "Junta de Reclamaciones de Derechos de Autor" en la Oficina de Derechos de Autor que puede atender las reclamaciones por infracción de los titulares de derechos que soliciten una compensación no superior a 30.000 dólares por procedimiento.
Los defensores de la Ley CASE afirman que este proceso es voluntario, pero en lugar de que ambas partes estén de acuerdo con este proceso, es decir, un sistema de "participación", todo el mundo está presuntamente obligado a cumplir las decisiones de la junta a menos que "opte por no participar". Es decir, usted debe decir afirmativamente, de la manera que la Oficina de Derechos de Autor decida, que no quiere participar en este sistema. Debe hacer esto cada vez que reciba una notificación de esta junta si no quiere estar sujeto a sus decisiones. Si no lo haces, si lo ignoras de alguna manera, estarás en la cuerda floja por lo que ellos decidan. Y es una decisión que pueden tomar sin que te defiendas. Y es una decisión que tiene unas opciones de recurso muy limitadas.
Para muchas personas, optar por no participar será la mejor opción, ya que este proceso no tiene las protecciones y limitaciones que tiene un proceso judicial. Por ejemplo, una mala decisión sobre el uso legítimo en los tribunales está sujeta a múltiples niveles de apelación. Según la Ley CASE, las decisiones tomadas por los agentes de reclamaciones son extremadamente difíciles de apelar. Para empeorar las cosas, las sanciones que la Junta de Reclamaciones de Derechos de Autor está autorizada a imponer son elevadas y serán, sobre todo al principio, imprevisibles.
Bien, ¿cómo puedo excluirme?
Lamentablemente, aún no podemos decírselo. La Oficina de Derechos de Autor es la que tiene que determinar gran parte de este asunto. La Oficina de Derechos de Autor tiene hasta diciembre de 2021 para poner esto en marcha (con la opción de ampliar ese plazo en 180 días). En ese tiempo, tienen que establecer la normativa sobre la exclusión voluntaria. Esperamos que la normativa y el sistema sean sencillos, claros y fáciles de usar.
Eso también significa que la Junta de Reclamaciones de Derechos de Autor no existe todavía. Podría nacer en cualquier momento de este año. Como muy tarde, empezará a conocer de los casos a mediados de 2022.
¿Qué debo hacer si recibo algo relacionado con la Ley CASE?
Si recibes una carta de alguien que te amenaza con llevarte a la Junta de Reclamaciones de Derechos de Autor a menos que le pagues y no sabes qué hacer, ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico info@eff.org.
Uno de los mayores problemas de la Ley CASE -y hay muchos- es que cualquier persona con dinero o acceso a otros recursos, como abogados, sabrá cómo excluirse y podrá decidir si es la decisión correcta para ellos. Es poco probable que estas personas o empresas no reciban un aviso o se olviden de excluirse. Sin embargo, la gente normal será vulnerable a los trolls de los derechos de autor, que se beneficiarán de la pérdida involuntaria de sus derechos o de las amenazas que describimos anteriormente.
¿Eso es todo?
Lamentablemente, no. Además de estas leyes, también hay una propuesta de cambio total en el ecosistema de los derechos de autor en línea llamada "Ley de Derechos de Autor Digitales" o DCA. Un borrador de la misma fue publicado a finales de diciembre de 2020, y es
