Nuevos informes muestran cómo leyes poco precisas pueden allanar el camino para violaciones de los derechos humanos
Estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de "Ojos que no parpadean: El estado de la vigilancia en América Latina", un proyecto que analiza las leyes y prácticas de vigilancia en doce países de América Latina. Por más de un año, EFF trabajó con nuestros partners en América Latina (Red en Defensa de los Derechos Digitales, Fundación Karisma, TEDIC, Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, Hiperderecho, Derechos Digitales, InternetLab, Fundación Acceso), documentando y publicando informes individuales que analizaban el estado de la vigilancia en doce países. Entonces, a partir de esa investigación, EFF elaboró un informe más amplio que compara las leyes y prácticas de vigilancia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. En este día, tomemos un minuto para reflexionar sobre las terribles consecuencias de una vigilancia sin control. Por otra parte, junto con Derechos Digitales, publicamos materiales de referencia que explican el fundamento jurídico y conceptual de cada uno de los 13 Principios Necesario y Proporcional vis-a-vis los estándares interamericanos de derechos humanos. Por último, hemos publicado ¿Quién puede espiarnos?, una guía visual del estado de vigilancia en la región.
El Archivo del Terror
En Diciembre de 1992, siguiendo la pista del borrador de un mapa que le fue entregado por un denunciante, el abogado paraguayo Martín Almada condujo hacia una oscura comisaría en el barrio de Lambaré, cerca a Asunción. Detrás de las oficinas de la policía, en un decadente edificio de oficinas, descubrió un almacén de 700.000 documentos, apilados casi hasta el techo. Estaba frente a el "Archivo del Terror", un registro casi completo de los interrogatorios, torturas y vigilancia llevada a cabo en Paraguay por la dictadura militar de Alfredo Stroessner. Los archivos revelaron detalles de la "Operación Cóndor", un programa de cooperación clandestina entre las dictaduras militares en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, y Brasil durante la década entre 1970 y 1980. Los gobiernos militares de esos países acordaron cooperar en el envío de equipos entre países para rastrear, monitorear y asesinar a sus oponentes políticos. Los archivos listan más de 50.000 muertes y 400.000 presos políticos en toda la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú y Venezuela.
La policía secreta de Stroessner usó informantes, cámaras con teleobjetivos, y escuchas telefónicas para construir una base de datos en papel sobre todo aquel que fuera visto como una amenaza, además de sus amigos y asociados. El Archivo del Terror muestra hasta qué punto puede caer el gobierno de un país cuando no está limitado por autoridades judiciales imparciales e independientes, garantías legales sólidas, y órganos de supervisión pública que el público puede escrutinar.
Esto ocurrió hace un cuarto de siglo.
Una Operación Cóndor moderna puede tener a la mano herramientas mucho más poderosa que carpetas anilladas, cámaras y teléfonos intervenidos. La tecnología de vigilancia moderna deja a las técnicas documentadas en el Archivo del Terror en el polvo.
Las leyes de vigilancia del siglo XX están diseñadas para la vigilancia de una sola línea telefónica, sin guía alguna sobre cómo aplicar estas normas a nuestra creciente arsenal de capacidades de espionaje. Cada vez que se aprueban nuevas leyes de vigilancia o de seguridad cibernética, están son escritas para legitimar poderes ya ejercidos s, o ampliar sus poderes existentes, como el caso de las leyes de retención de datos, que obligan a las empresas de telefonía e Internet a registrar y conservar aún más información de la población entera para fines de vigilancia.
Cada uno de estos nuevos poderes es una bomba de tiempo, esperando detonar. La única manera de evitar que estos poderes sean usados en contra de los intereses del público es crear leyes de privacidad modernas, sólidas y detalladas que restrinjan su uso, un poder judicial imparcial, independiente e informado, que haga cumplir esos límites, y mecanismos de supervisión pública que permitan al público en general saber lo que las agencias más secretas del país están haciendo en su nombre.
Desafortunadamente, los legisladores y los jueces dentro de América Latina y más allá tienen una visión muy limitada de los defectos de las leyes de vigilancia existentes o de cómo podrían ser resueltos.
Para apoyar en esta ardua tarea, EFF ha trabajado por más de un año, con sus colaboradores en América Latina (Red en Defensa de los Derechos Digitales, Fundación Karisma, TEDIC, Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, Hiperderecho, Derechos Digitales, InternetLab, Fundación Acceso), para encender una luz sobre el estado actual de la vigilancia en la región, tanto en el aspecto legislativo como en el práctico. Hemos documentado cuidadosamente las leyes existentes en 13 países, y reunido evidencia de la mala aplicación de estas mismas leyes. Nuestro objetivo es entender la situación legal en cada país, y compararlas con las normas existentes de derechos humanos.
Para este trabajo, hemos analizado las leyes y las prácticas, públicamente accesibles, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, y publicado informes individuales que documentan el estado de la vigilancia de las comunicaciones en cada uno de estos países. Entonces, a partir de esa investigación y otras publicaciones recientes, hemos elaborado un informe más amplio que compara las leyes y prácticas de vigilancia en toda la región. Nuestro proyecto no está limitado a la investigación jurídica, sin embargo. Combinamos nuestro trabajo legal y de políticas públicas con talleres a activistas y abogados de derechos humanos, periodistas de investigación, y funcionarios públicos. Hemos explicado cómo las tecnologías de vigilancia funcionan y cómo los gobiernos deben aplicar las normas internacionales de derechos humanos a sus leyes y prácticas con el fin de limitar adecuadamente aquellos poderes legales. También mezclamos nuestros talleres legales y de políticas con asesoramiento técnico sobre cómo nuestros socios en la región pueden protegerse contra la vigilancia estatal.
¿Qué es lo que hemos aprendido?
Que dada la arraigada cultura del secreto que rodea la vigilancia, es difícil juzgar cuál es el grado en que los Estados cumplen con sus propias normas legales vigentes. Asegurar que la ley no sólo cumple con las normas de derechos humanos, sino que también genuinamente gobierna y describe el comportamiento del estado en el mundo real es un desafío permanente.
Aún así, identificamos deficiencias generalizadas en la región que necesitan una acción especial e inmediata.
Aquí están nuestras recomendaciones
La cultura del secreto, rodeando a la vigilancia de las comunicacione debe parar. Necesitamos asegurarnos que la sociedad civil, las empresas y los responsables políticos comprendan la importancia de la transparencia en el contexto de la vigilancia, y porque los informes de transparencia de las empresas y el Estado son cruciales para prevenir el abuso de poder.
Los funcionarios del Estado y la sociedad civil deben garantizar que las normas escritas se traduzcan en práctica constante y que cualquier incumplimiento de la ley sea descubierto y remediado. Se necesita orientación judicial de jueces imparciales, independientes y con conocimientos, y una supervisión pública independiente que la ciudadanía pueda auditar.
Los Estados deberían tener leyes de vigilancia de comunicaciones específicas, en lugar de un rompecabezas de disposiciones repartidos en diversas leyes. Estas leyes deben ser necesarias, proporcionadas y adecuadas.
La región debe comprometerse a implementar mecanismos de supervisión pública que correspondan cuidadosamente en recursos y autoridad a los que ejerzan estos poderes.
Las personas necesitan que se respete el debido proceso y el derecho a ser notificados acerca de una decisión de vigilancia con el suficiente tiempo e información para impugnar tal decisión o buscar otras soluciones siempre que sea posible; las personas inocentes afectadas por la vigilancia necesitan vías de reparación.
Necesitamos una fuerte coalición de la sociedad civil trabajando en estos temas, demandando a las autoridades transparencia y rendición de cuentas. Con la ayuda de jueces y legisladores vigilantes, independientes e informados, esperamos que la tecnología digital se use, sabiamente, para proteger, no violar los derechos humanos. Debemos asegurarnos de poder construir un mundo en el que el Archivo de Terror permanezca como un triste recuento de los errores pasados, no un presagio de baja tecnología de un futuro aún más oscuro.
Por último, los problemas encontrados en América Latina no son problemas aislados. Desde los Estados Unidos a Australia, de Francia a Argentina, la tecnología y las técnicas de vigilancia están en aumento, sin embargo, no existe una conciencia pública sobre el impacto en las libertades civiles frente a estos rápidos cambios. Los activistas deben seguir buscando implementar los 13 Principios con la finalidad de proteger la privacidad y restringir la vigilancia digital.
Lee nuestros informes, y conoce la situación de la vigilancia en América Latina. Únete a nosotros por la defensa de nuestros derechos y los del futuro.
