El experto sueco en seguridad informática Ola Bini fue detenido en abril de 2019 en Ecuador, y una nube se cierne sobre su caso desde entonces. El caso de Bini se ha visto afectado por numerosas violaciones del debido proceso y preocupaciones de derechos humanos, casi todas las etapas del juicio han sufrido suspensiones o retrasos. La EFF llevó a cabo una investigación misión sobre el caso en 2019 y concluyó que las acusaciones contra Bini -conocido mundialmente como experto en seguridad informática y colaborador en proyectos de software libre- estaban impulsadas por la política más que por acusaciones legítimas. Ahora, después de casi cuatro años, la siguiente fase del juicio está fijada para finales de este mes. Desgraciadamente, a los grupos de la sociedad civil, incluida la EFF, les sigue preocupando que  la falta de comprensión en materia tecnológica y las ramificaciones políticas del juicio terminen opacando la fragilidad de la acusación. 

Tras años de procedimientos previos al juicio, el juicio real de Bini comenzó en enero del año pasado y se reanudó en mayo. Este no fue el final de los procedimientos del juicio porque la defensa aún tenía pruebas que presentar, y el tribunal aún tenía que escuchar el testimonio de Bini y los alegatos finales de las partes. El juicio debía continuar en agosto, pero fue reprogramado debido a la ausencia de un perito traductor sueco-español, un derecho garantizado por la ley ecuatoriana para los acusados extranjeros. El tribunal convocó una nueva vista para noviembre, sin información sobre si habría o no un perito traductor. De nuevo, la reanudación del juicio se retrasó cuando el fiscal no se presentó a la vista, presentando un certificado médico dos días después. 

La próxima fecha del juicio está fijada ahora para el 31 de enero, aunque es poco probable que este único día sea suficiente para completar el proceso.  Esperamos que el tribunal evalúe cuidadosamente los testimonios y las supuestas pruebas, garantizando los derechos de Ola Bini; la falta de comprensión en materia tecnológica y las implicaciones políticas no deben guiar el resultado final. 

La audiencia anterior puso de relieve la falta de acusaciones legítimas y fundadas

La acusación principal contra Bini se basa principalmente en una imagen impresa de una sesión de telnet (telnet es un protocolo de comunicación inseguro que se ha abandonado en gran medida para las tecnologías de cara al público). Esta imagen, supuestamente tomada por el propio Bini y enviada a un colega, muestra la pantalla de inicio de sesión telnet de un router. Aunque la autenticidad de la imagen está en entredicho, ni siquiera es indicio de nada más allá de los procedimientos normales que los profesionales de la seguridad informática llevan a cabo como parte de su trabajo. El Centro de Autonomía Digital, cofundado por Ola Bini, informó  que los testigos expertos de ambas partes del caso coincidieron en que la foto no sostiene las acusaciones de la fiscalía. De hecho, el perito técnico de la acusación habría declarado ante el tribunal que el informe emitido por el proveedor nacional de comunicaciones de Ecuador sobre el supuesto ataque no incluía pruebas suficientes de que se hubiera producido acceso alguno. Los peritos de la defensa, entre ellos el cofundador de Tor Roger Dingledine, reiteraron la falta de pruebas de un acceso no autorizado a un sistema informático. 

Desde el primer momento de la detención de Bini en el aeropuerto de Quito han surgido importantes dudas sobre la legitimidad de las acusaciones. La fiscalía ha intentado presentar el uso de Tor como intrínsecamente sospechoso y, como subrayó el periodista Diego Cazar, que escribió un libro sobre el caso de Bini, gran parte de la teoría del caso se basa en la apariencia de Bini, sus amistades, sus libros y las endebles acusaciones que el antiguo Ministerio del Interior ecuatoriano hizo hace casi 4 años para detenerlo (una detención que posteriormente se declaró ilegal). Los grupos de derechos humanos que observan la vista también han hecho hincapié en lo endeble de las pruebas.

Quizá no sorprenda que la detención y encarcelamiento de Bini estuvieran también plagados de una letanía de violaciones de las garantías procesales. Por ejemplo:

• Una decisión de Habeas Corpus consideró ilegal su detención inicial, aunque la investigación continuó después de su liberación, en busca de pruebas que respaldaran las supuestas acusaciones en su contra. Los problemas continuaron, y a medida que las demoras se alargaban, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en sus informes anuales de 2019, 2020 y 2021 su preocupación por el retraso en el juicio de Bini.
• La defensa de Bini alegó que había estado sometido a continuos seguimientos por parte de miembros de la Policía Nacional y personas no identificadas, y un juez solicitó al gobierno que facilitara información sobre la supuesta vigilancia. Al no hacerlo, el juez concluyó que habían denegado indebidamente dicha información a Ola Bini, al no ofrecer una respuesta oportuna a su anterior solicitud de información.
• La jueza Yadira Proaño, quien supervisó la audiencia de prisión preventiva de Bini y determinó que la Fiscalía podía seguir adelante con la persecución penal, fue luego "separada" del caso en un fallo que admitió el ilícito de las sucesivas suspensiones preventivas y la violación al debido proceso.

Ser un experto en seguridad informática no es un delito

Los casos de "pánico hacker" excesivamente politizados, que fomentan persecuciones injustas cuando el ambiente político y social lo exige, no son nuevos. La fundación de la EFF se debió en parte a un sonado caso perseguido en Estados Unidos por el Servicio Secreto. Nuestro proyecto Derechos de los programadores lleva décadas trabajando para proteger a los investigadores en seguridad y cifrado que colaboran en la tarea de construir un futuro más seguro para todos los que usamos tecnologías digitales. El caso de Bini forma parte, por desgracia, de una larga historia de lucha contra la persecución penal injusta de los expertos en seguridad, que han sido objeto de los mismos tipos de acoso que aquellos a quienes trabajan para proteger, como los defensores de los derechos humanos y los activistas.

La detención de Ola Bini ha recibido atención internacional y ha arrojado luz sobre el creciente hostigamiento a expertos en seguridad en Latinoamérica. Esperamos con interés la conclusión de este juicio, y confiamos en que Ola reciba el trato justo y el debido proceso que su caso merece.