Este lunes se cumple el cuarto mes de procesamiento de Ola Bini, el desarrollador de código abierto que se encuentra, actualmente, bajo investigación por parte de las autoridades ecuatorianas. Los fiscales todavía no han revelado ninguna prueba real que apoye las acusaciones formuladas contra Bini. Tras el 12º Foro Regional de Gobernanza de Internet para América Latina y el Caribe (LACIGF) la semana pasada, organizaciones civiles de la región hicieron pública una declaración en la que destacaron las irregularidades en el debido proceso y las presiones políticas que han marcado el caso hasta ahora. EFF se les suma. Después de viajar a Quito para hablar con periodistas, políticos, abogados, académicos, así como con el propio Bini y su equipo de defensa, llegamos a conclusiones similares: que el procesamiento de Bini es un caso político, no criminal. Nosotros también nos oponemos al uso indebido de su enjuiciamiento en nombre de intereses políticos, lo que compromete su derecho a un juicio justo.
Desde la fundación de EFF en 1990, hemos trabajado para garantizar que los investigadores y expertos en seguridad como Bini puedan hacer su trabajo sin ser malinterpretados o perseguidos por los que están en el poder, un trabajo que mejora la seguridad de todos en línea. El trabajo de Bini no sólo es legal: ayuda a mejorar la privacidad y seguridad de todos en línea, como explicamos en nuestro documento Derechos de los codificadores en América Latina en 2018, donde conectamos dicho trabajo con los derechos fundamentales de sus profesionales y beneficiarios en la región.
Para mayor información, véase la declaración que figura a continuación:
Contra la persecución política a Ola Bini
Ola Bini es un reconocido activista por el software libre y experto en seguridad digital. Desde el 11 de abril de 2019 se encuentra sujeto a un proceso judicial en Ecuador, acusado de haber vulnerado sistemas informáticos. Tal proceso, sin embargo, ha sido ampliamente cuestionado por la multiplicidad de irregularidades cometidas y por estar bajo un sinnúmero de presiones políticas.
El primer elemento ha sido confirmado por el Habeas Corpus otorgado en junio pasado por parte del tribunal de la Corte Provincial de Pichincha y por las expresiones oportunamente realizadas por las Relatorías Especiales sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).[1] [2]
Por su parte, la Misión Internacional de la Electronic Frontier Foundation (EFF) enviada recientemente a Ecuador, tras conversar sobre esta situación con políticos, académicos y periodistas de distintas tendencias, ha concluido que la motivación tras el caso de Ola Bini es política, no criminal.[3] De hecho, todavía se desconoce cuáles son los sistemas informáticos de cuya vulneración se le acusó en un principio.
Junto con ello, una serie de hechos recientes han encendido nuevas alertas. En primer lugar, la vinculación de una nueva persona a la causa por el sólo hecho de mantener un vínculo profesional con Bini y a pesar de que en la audiencia respectiva no se presentaron los elementos jurídicos necesarios para cumplir con dicho trámite. Además, el Fiscal a cargo de la acusación decidió abrir dos nuevas líneas de investigación contra Ola Bini: por “defraudación fiscal” y “tráfico de influencias”. De tal forma, la fiscalía ahora se propone investigar por hasta el plazo de 2 años más al activista.
Esta última decisión sugiere que no se cuentan con pruebas que sustenten las acusaciones originalmente realizadas contra Bini y que la atención de la justicia y el gobierno ecuatoriano no está puesta en un delito, sino en una persona. Esto nos lleva a confirmar el temor expresado por algunas organizaciones internacionales que trabajan por los derechos humanos en internet que desde el momento de la detención de Ola Bini alertaron sobre la espiral de persecución política contra un activista de renombre internacional, cuyo trabajo es globalmente reconocido por la protección de la privacidad.
Considerando lo expresado más arriba y las conversaciones mantenidas en el marco del XII Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe (LACIGF por sus siglas en inglés), los abajo firmantes rechazamos el escenario persecutorio montado contra Bini, demandamos que se respete el debido proceso por parte de todas las funciones del Estado e instamos a que los actores políticos dejen de interferir en la justicia.
Asociación para el Progreso de la Comunicaciones
Derechos Digitales
Electronic Frontier Foundation
Internet Bolivia
Intervozes
Karisma
[3] https://www.eff.org/es/deeplinks/2019/08/ecuador-political-actors-must-step-away-ola-binis-case
